Yolanda Díaz acuerda subir el salario mínimo a 1.221 euros al mes solo con los sindicatos
Fumata blanca en las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional (SMI). El Ministerio de Trabajo ha anunciado este jueves que ha llegado a un preacuerdo con UGT y CCOO para elevar la retribución mínima legal hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. Así lo ha comunicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras reunirse con los sindicatos y la patronal CEOE. La subida beneficiará a unos 2,5 millones de trabajadores, la mayoría, mujeres, según estimaciones del ministerio.
De esta forma, el SMI aumentará en 37 euros al mes (un 3,1%) que, en cómputo anual, suponen 518 euros más en el bolsillo de los trabajadores. Cuando se apruebe en Consejo de Ministros, la mejora retributiva llegará, muy probablemente, íntegra a las nóminas. Trabajo ha acordado con Hacienda adaptar el parche normativo que se introdujo el año pasado (una deducción ad hoc en el IRPF) a la nueva subida. Así, todas las retenciones que se cobren a estos trabajadores se devolverán cuando llegue el momento de presentar la declaración de la renta.
Desde 2018, el Gobierno ha emprendido una senda de subidas del salario mínimo que han llevado a esta renta desde los 735,9 euros al mes hasta los 1.221 que quedarán fijados cuando se apruebe la nueva subida. Por el camino, el país ha seguido creando empleo a buen ritmo, aunque varios organismos —entre ellos la Airef o el Banco de España— han advertido de que los incrementos continuados sí han tenido un efecto perjudicial sobre el empleo, aunque moderado.
Las últimas maniobras el Gobierno para atraerse a los empresarios a un acuerdo finalmente no han bastado para convencer a una patronal que lleva sin firmar un acuerdo de salario mínimo desde el año 2020. El Ejecutivo tentó a los empresarios con un incentivo fiscal en el impuesto de Sociedades para las empresas teóricamente más afectadas por la subida, pero CEOE lo ha rechazado tajantemente este jueves por la mañana, cerrando la puerta a un acuerdo tripartito.
La negativa de los empresarios al incentivo ha sido tan tajante —han calificado la propuesta de «trilerismo» e «intervencionismo»— que el Ministerio de Trabajo no ha llegado ni a ponerla encima de la mesa de negociación. «Todo el mundo sabe que no era la propuesta que quería el ministerio de Trabajo. El ministerio trabajaba en unas reglas de relajación de la desindexación para las contratas y concesiones públicas para trasladar una parte de la subida del SMI», ha valorado Pérez Rey en la rueda de prensa posterior a la reunión.
En un comunicado posterior, CEOE ha decidido por unanimidad de su Comité Ejecutivo no apoyar la propuesta de subida del Gobierno. «Nunca se había visto una falta de respeto y un desprecio tan claro al diálogo social como el que estamos presenciando en estos días», han destacado los empresarios.
En todo casi, el número dos de Yolanda Díaz en el ministerio ha lamentado la ausencia de la patronal del pacto. «Hemos hecho todo lo posible, la patronal tendrá que explicar a sus organizaciones empresariales por qué propuestas que son favorables para las empresas concitan un rechazo tan abrumador», ha señalado Pérez Rey.
Los sindicatos se han mostrado muy críticos con la actitud de la patronal. Javier Pacheco, negociador de Comisiones Obreras en la mesa, considera «un insulto a la inteligencia» que la patronal no acepte subir un 3,1% los salarios «más bajos» del país cuando los sueldos han subido un 3,5% en los convenios en 2025.
Compensación y absorción
Una de las novedades que acompaña a la subida de este año es que el Ejecutivo tiene intención de que esta no se pueda descontar de los complementos salariales de los trabajadores que cobran sueldos ligeramente por encima del mínimo. Esta regla, conocida como compensación y absorción, hace que cuando el SMI crece no empuje automáticamente a los sueldos que están cerca, pero por encima porque se reducen los complementos salariales. «Si alguien tiene derecho a cobrar 30 euros por hacer un puesto peligroso, tiene derecho a hacerlo antes y después de que se suba el SMI», ha sintetizado Pérez Rey.
La idea del Ejecutivo es aprobar una norma que impida la compensación y absorción por decreto, sin que pase por el Congreso de los Diputados. Una fórmula que la patronal ha amenazado con recurrir ante los tribunales. Los empresarios consideran que es necesaria una disposición con rango de ley para hacer ese cambio, pero Trabajo no lo ve así. «Pensamos que tenemos fundamentos jurídicos sólidos para avanzar a través de un real decreto», ha señalado el secretario de Estado de Trabajo.