Guerra en la Abogacía del Estado por el "caso Begoña Gómez": "No sabían lo que hacían"
El «caso Begoña Gómez» sirvió de campo de batalla para una soterrada guerra dentro de la Abogacía del Estado. El origen de la mecha estuvo en que el juez Juan Carlos Peinado encargó a finales de noviembre a la «Asociación Española de Abogados del Estado» que emitiese su juicio sobre «las cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones» de una adjudicación pública.
El instructor quiso tener en cuenta las consideraciones de la Abogacía en la línea de investigación sobre si la mujer del presidente del Gobierno pudo incurrir en un delito de intrusismo laboral al haber suscrito el pliego técnico de la licitación con la que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) contrató a Deloitte servicios de asesoría para el desarrollo del software de su cátedra extraordinaria. Un programa que también se investiga si se pudo apropiar la esposa de Pedro Sánchez.
Primero, la Asociación de Abogados del Estado emitió su valoración en la que avalaba que la pareja del líder del PSOE firmara los pliegos de la citada contratación pública, ya que –según esta entidad sindical– la elaboración de estos documentos no se reserva únicamente a un cuerpo de funcionarios públicos concreto y para su redacción tampoco se exige estar en posesión de una titulación académica específica. Lo que sí es imprescindible, señaló esta asociación, es que sean aprobados por el órgano de contratación.
El magistrado quiso aunar opiniones sobre si una persona sin titulación universitaria, como es el caso de Gómez, está capacitada para poder sacar adelante esta tarea administrativa en el seno de la Complutense, sin ser tampoco ella personal interno.
Pero el pasado 12 de diciembre llegó un inesperado escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 41. En él, la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho informaba al juez de su reciente creación y de que su «génesis» estuvo, precisamente, en la «incalificable» querella por prevaricación que el jefe del Ejecutivo interpuso contra el propio Peinado. Y que, como recuerda esta agrupación, «fue contundentemente inadmitida» por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en octubre de 2024.
El presidente de esta otra asociación de miembros de la Abogacía del Estado, Francisco Espinosa –que tiene plaza en el Tribunal Supremo– aprovecha, de hecho, para exponer sus consideraciones sobre este paso en falso que dio Sánchez contra el instructor de la causa contra su mujer. «Sería la gota que desbordó el vaso de nuestra paciencia jurídica», asegura Espinosa, para luego hacerle llegar, incluso, sus disculpas.
«Debo transmitirle, ahora, en nombre de todos los abogados del Estado responsables que nos perdone, ellos no sabían lo que hacían, y esa cita bíblica es lo único que explica ese ‘error iuris’ tan descomunal e impropio del abogado del Estado, que hubiera supuesto un suspenso inmediato si se tratase de los ejercicios prácticos de nuestra oposición», indica así en su carta, remitida a Plaza Castilla por correo postal y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.
Esta joven asociación de la Abogacía del Estado opina que el «informe» emitido por la antigua agrupación de su mismo cuerpo funcionarial «parece favorecer determinadas posiciones de personas afectadas por la instrucción de las diligencias penales en un asunto de gran notoriedad pública», en alusión a la mujer del presidente.
Ante ello, esta facción de la Abogacía se sintió en el «deber moral asociativo» de proporcionarle al juez «unos datos complementarios» a la información que envió la tradicional asociación.
Si bien reconoce que la Ley de Contratos del Sector Público «no predetermina quien ha de redactar los pliegos para contrataciones públicas o qué cualificación ha de tenerse». Apunta a que «debe distinguirse» que ha de entenderse que la redacción o propuesta de los pliegos de cláusulas administrativas particulares «requerirá unos conocimientos jurídicos adecuados para ello», que, formalmente, Gómez no tiene.
Eso sí, ambas asociaciones de abogados del Estado coinciden en que no se deben considerar, en el marco de esta instrucción penal, sus observaciones como una pericial jurídica al poder existir, en aquel momento, un conflicto de interés manifiesto, dado que aún estaba personada la Abogacía en defensa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.
Sin precedentes también en la contratación
Tras recibir las valoraciones de los dos sectores de la Abogacía del Estado, el juez Peinado consultó a la UCM sobre su normativa interna relativa a las contrataciones para la cátedra extraordinaria que codirigió Gómez y antecedentes.
La Complutense contestó la pasada semana al instructor que no tiene constancia de que otras personas (a mayores de la mujer del presidente), careciendo de titulación académica superior, hubiesen suscrito pliegos técnicos de condiciones de una licitación. Por otro lado, la universidad explicó al magistrado que sus normas no exigen tener una titulación concreta.