La espera para acceder a un centro de salud pasa de cuatro a diez días desde que gobierna Sánchez
La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha achacado el aumento de las listas de espera en el sistema sanitario público a la falta de previsión del Gobierno de España por no haber ampliado las plazas MIR, una decisión que, a su juicio, está limitando el acceso de nuevos médicos al Sistema Nacional de Salud.
Durante su intervención en un desayuno informativo en Ciudad Real, Fúnez ha señalado que la demora media en Atención Primaria ha pasado de cuatro a diez días desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, una evolución que ha vinculado directamente a la escasez de profesionales sanitarios y a la ausencia de una planificación adecuada en la formación de médicos especialistas.
Según ha expuesto, esta situación es consecuencia de "ocho años sin una gestión eficaz", lo que se traduce en una falta de inversiones y en la no ejecución de partidas presupuestarias.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el Ministerio de Sanidad, donde el presupuesto pasó de 3.000 millones de euros en 2023 a 1.500 millones y, además, se ha dejado sin ejecutar un 16% en el último ejercicio, lo que, a su entender, evidencia una clara falta de gestión.
Fúnez ha defendido que el aumento de las listas de espera no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones mantenidas en el tiempo, entre ellas la negativa a ampliar las plazas MIR, lo que impide reforzar las plantillas médicas y ofrecer una respuesta adecuada a la demanda asistencial.
Ha insistido en que los ciudadanos, tras el pago de impuestos, tienen derecho a exigir "servicios públicos que funcionen a la altura de ese esfuerzo fiscal".
La dirigente popular también ha advertido de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado es una anomalía democrática que afecta directamente a la financiación de los servicios públicos, y ha alertado de que la falta de inversión y de ejecución presupuestaria repercute de forma directa en ámbitos esenciales como la sanidad, la dependencia o los servicios sociales.
En este contexto, ha mostrado su preocupación por el sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno, al considerar que no garantiza la sostenibilidad futura de los servicios públicos ni tiene en cuenta el incremento previsto de la población mayor en los próximos años, lo que, a su juicio, puede generar "más desigualdades territoriales" y poner en riesgo el acceso equitativo a la sanidad.