Piden investigar a los seis miembros del equipo del perito del móvil de Carcaño participantes en el informe

Más novedades en la causa que tramita el juzgado de Instrucción número siete de Sevilla contra Manuel Huerta de la Morena, responsable de Lazarus Technology; por un p resunto delito de intrusismo en el informe pericial informático de los datos crudos del teléfono móvil de Miguel Carcaño , condenado a 21 años y tres meses de cárcel por el asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo. Manuel Huerta prestaba precisamente el martes pasado declaración como investigado, fruto de las acciones judiciales promovidas en su contra por el decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, Pedro de l a Torre. Y es que Pedro de la Torre asegura que tras la intervención de Manuel Huerta como perito informático en esta prueba pericial con la emisión del informe solicitado, había constatado «que el querellado no posee titulación oficial habilitante para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en informática , ni pertenencia a colegio profesional alguno». Lazarus, de su lado, viene alegando que el Ministerio de Justicia no requiere para una actividad como la señalada «ninguna titulación oficial, ya que la informática no se encuentra entre las materias reguladas, y mucho menos la disciplina de informática forense o recuperación de datos, que no existe como carrera». «No es obligatorio tener una titulación oficial para ser perito judicial», aseguraba la empresa. Lo cierto es que tras la breve comparecencia de Manuel Huerta ante el juez instructor, por videoconferencia, el denunciante del caso ha presentado un nuevo escrito en el Juzgado, avisando de que en su declaración, el investigado señaló la «participación en el dictamen pericial de otras seis personas empleadas de Lazarus Technology». En ese sentido, Pedro de la Torre asegura en su nuevo escrito que «ninguno de los seis miembros del citado equipo forense, por fin identificados, cuenta con titulación académica oficial habilitante en el ámbito de la ingeniería informática». Según la parte denunciante, tras consultar el Registro Nacional de Titulaciones Universitarias Oficiales, «no se obtiene resultado alguno» por estas personas, que n o tendrían «titulación oficial académica alguna, mucho menos habilitante para ejercer como perito informático en el ámbito de la ingeniería técnica informática». Por eso, a su entender estas seis personas, al igual que Manuel Huerta, siempre presuntamente, «serían también autores de delito de intrusismo profesional» . Recordemos que aunque tras la denuncia inicial del Colegio Oficial el Juzgado de Instrucción número siete de Sevilla acordó el sobreseimiento de las actuaciones allá en marzo de 2025, el recurso de la institución a dicha decisión motivó que la Audiencia Provincial ordenase la reactivación de la causa, confirmando el archivo por la comisión de un supuesto delito de revelación de secretos y la continuación del procedimiento por un posible delito de intrusismo. Así, el denunciante del caso pide citar como investigados a los mencionados seis miembros del equipo de Lazarus, «requiriendo para que aporten titulación académica oficial y habilitante para la actividad de perito informático». También señala de nuevo el papel de la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España (ASPEJURE), a la que pertenecerían Manuel Huerta y sus empleados. En concreto, la parte denunciante señalaba ya una sentencia emitida en 2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 18 de Zaragoza, que precisa que la mera pertenencia a una asociación de derecho privado relacionada con el sector del peritaje «no es elemento suficiente para la intervención como perito de cualquier persona en cualquier materia ; ni tampoco estas asociaciones tienen potestad alguna para habilitar a personas para actuar como peritos a quienes no disponen, con carácter previo, de las titulaciones correspondientes». Dicha sentencia, según el denunciante del caso, señala expresamente el caso de ASPEJURE y de otras entidades similares, con la advertencia de que  «intentan revestir su actuación de oficialidad y dan una apariencia de que tienen alguna vinculación con los juzgados y tribunales mediante la utilización de una denominación de 'perito judicial' que no se ajusta a las circunstancias de estas personas, ya que no tienen ningún tipo de vinculación específica con los Juzgados». Al punto, pide que testifique el representante legal de la asociación, para que informe «si los investigados figuran en los listados de peritos remitidos a los Juzgados andaluces por Aspejure, lo que habría posibilitado la designación por parte del Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla, a instancia de parte, de Manuel Huerta; y si la asociación «comprobó que los investigados contaran con la titulación académica oficial y habilitante para realizar actividades periciales en el ámbito de la informática, así como su adscripción a Colegio Profesional de dicho ámbito, como se exige por Ley, dado que esta parte ha probado que carecen de dichas titulaciones, pudiendo haber aportado documentación falsa a dicha asociación para causar alta».