Empresarios y juristas denuncian el intento de excluir a los menores de los festejos taurinos
La posibilidad de que el Gobierno español prohíba la entrada de menores a los espectáculos taurinos ha encendido un nuevo foco de tensión en el debate cultural. La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) ha sido tajante: no hay base objetiva ni legal que justifique tal restricción. Desde la patronal se considera que esta medida supondría un atropello a derechos básicos, no solo del sector, sino también de las familias que eligen educar a sus hijos dentro de una expresión cultural reconocida por la propia ley.
A juicio de ANOET, la propuesta no solo vulnera la libertad de los padres, sino que obvia que la tauromaquia forma parte del patrimonio cultural español, tal como recoge la Ley 18/2013, y cuya transmisión generacional ha sido siempre regulada y acompañada. “No existen datos objetivos que justifiquen una prohibición generalizada”, aseguran, en un mensaje que apela tanto al sentido común como a la responsabilidad institucional.
La respuesta más contundente ha llegado desde Francia, donde el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas (ONCT) ha salido en defensa del derecho de los menores a participar en la vida cultural de su comunidad. El organismo recuerda que tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconocen expresamente la educación conforme a la cultura de origen como un derecho fundamental.
Desde el ONCT se insiste en que no se puede invocar la protección del menor para limitar sus libertades culturales, sobre todo cuando la propia Convención subraya que la autoridad educativa recae prioritariamente en los padres. Además, se destaca que no existe ningún estudio concluyente que demuestre que la presencia de menores en festejos taurinos sea perjudicial psicológicamente, algo que el Parlamento Europeo ya apuntó en 2010.
Francia, además, ha hecho valer su experiencia: en 2011 inscribió la tauromaquia en su Patrimonio Cultural Inmaterial y rechazó recientemente, por amplia mayoría en el Senado, una propuesta ecologista para excluir a los menores de las plazas. El Consejo Constitucional avala ese régimen específico y lo enmarca dentro de la libertad cultural.
Por eso, desde el ONCT se pide al Gobierno español que no actúe por impulsos ideológicos y respete los principios jurídicos que protegen la diversidad cultural y la participación libre de todas las generaciones. La expresión cultural no es un privilegio adulto, sino un derecho compartido, que también ampara a los niños.