Atentado de la T4: la declaración pendiente de «Josu Ternera» aboca a la prórroga

Fue uno de los mayores golpes de efecto de la banda terrorista. Apenas 24 horas después de que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, explicitara públicamente sus esperanzas en que el proceso de diálogo con ETA terminara fructificando, la organización criminal hacía saltar por los aires una tregua que ya duraba nueve meses con la explosión de una furgoneta bomba en el aparcamiento de la terminal T4 del aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006.

Una acción criminal en la que fueron asesinados Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate y que causó además una veintena de heridos y cuantiosos daños materiales.

Casi dos décadas después, y una vez condenados los autores materiales del atentado –los etarras Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián fueron condenados en 2012 a 1.040 años de cárcel–, la investigación se dirige, tras una querella de Dignidad y Justicia (DyJ), contra cuatro antiguos dirigentes de ETA: José Antonio Urrutikoetxea, «Josu Ternera»; Ainhoa Ozaeta, «Kuraia» ; el que fuera responsable del «aparato militar» Aitzol Iriondo; y Mikel Carrera Sarobe, «Ata».

A punto de expirar el plazo de instrucción, tanto AVT como la asociación que preside Daniel Portero han solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge –según los escritos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN– que amplíe seis meses más la instrucción de la causa (una petición similar a la que ha efectuado alguna de las víctimas).

Identificación de la cúpula etarra

Con el objetivo, argumentan, de practicar diligencias pendientes. La principal, tomar declaración a dos de los cuatro investigados: «Josu Ternera» y Ainhoa Ozaeta. Ambos se encuentran en libertad, aunque el primero en Francia a la espera de juicio y de que se ejecute la entrega a España por causas pendientes.

Además, todavía no han llegado al juzgado los informes policiales que el instructor requirió en enero del pasado año. Entre ellos, el que debe identificar «nombre a nombre» a los integrantes de la cúpula de ETA en el último trimestre de 2006, cuando se produjo el atentado de la T4.

Hasta la fecha, la investigación ha puesto de relieve a este respecto que Iriondo estaba al frente del «aparato militar» de ETA en las fechas del atentado, mientras que «Ata» era el responsable del «aparato logístico», «Josu Ternera» estaba al cargo del área «política» y «Kuraia» controlaba el aparato de tesorería.

La declaración de "Txeroki", en el aire

En el caso de Dignidad y Justicia, la asociación está también a la espera –y así se lo recuerda a De Jorge en su escrito– de que el magistrado decida si llama a declarar a Mikel Garikoitz Aspiazu, «Txeroki», exresponsable de los «comandos» de la banda terrorista.

Aunque «Txeroki» fue procesado en 2015 y así se le comunicó en octubre de 2019 mediante la preceptiva declaración indagatoria, la letrada de DyJ, Vanessa de Santiago, recuerda que todo ello se llevó a cabo como «autor inmediato de los hechos», pero no en relación a su supuesta responsabilidad como dirigente de la banda criminal.

Por este motivo, para preservar su derecho de defensa –y evitar así posibles causas de nulidad en el futuro–, la acusación popular quiere que De Jorge le traslade formalmente que la investigación se extiende a su posible responsabilidad por autoría mediata (por la situación de dominio que tenía la cúpula etarra sobre sus pistoleros) y una supuesta comisión por omisión (al no haber ordenado que el atentado contra la T4 no se ejecutara).

La sentencia que apunta a la cúpula

La sentencia que condenó a Mattin Sarasola, Igor Portu y Mikel San Sebastián atribuye a la cúpula de ETA una «implicación directa» en la decisión de cometer el atentado, detallando que fue la que facilitó al «comando» la furgoneta-bomba.

Por este motivo, el juez quiere que Policía y Guardia Civil le enumeren «los indicios y documentos que permitan afirmar» que la dirección etarra concibió el atentado «como la forma de respuesta» al Gobierno para romper la tregua. Y, también, que detallen el modus operandi del adoctrinamiento de los miembros de ETA y el «funcionamiento logístico» relativo a materiales explosivos.