Los colectivos por la vivienda protestan en la sede de Junts en Barcelona por su rechazo a la moratoria de desahucios

La indignación por la caída de la moratoria de los desahucios, que había paralizado decenas de miles de desalojos de familias vulnerables en los últimos años, se ha trasladado este miércoles a las puertas de la sede de Junts en Barcelona. Los colectivos por el derecho a la vivienda han señalado a esta formación por haber votado en el Congreso en contra del llamado escudo social junto con PP y Vox. La protesta se ha duplicado en Madrid, donde integrantes de la plataforma '#NiUnDesahucioMás' se han concentrado también frente al edificio de la Cámara Baja.

A escasos metros de la sede de Junts, cuyo acceso estaba cerrado por los Mossos d'Esquadra, los activistas y afectados por la crisis de la vivienda han alertado de “una ola de desahucios sin precedentes” si no se reconsidera la prolongación de la moratoria. Las entidades concentradas han acusado a Junts de ser el “portavoz de la patronal inmobiliaria”.

La movilización de Barcelona ha reunido a varios centenares de personas, según sus organizadores. Unas 300 según la Guardia Urbana. La han convocada el Sindicato de Inquilinas, la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya. También han estado presentes otros colectivos como la Alianza contra la Pobreza Energética o la Marea Pensionista.

Los manifestantes han gritado mensajes como “PP, Vox y Junts, especuladores” y “fuera del barrio”, y han exhibido carteles en los que acusaban a la formación catalana de “hacer negocio con la vivienda”. La protesta ha durado cerca de una hora y que ha cortado en la calle de la Marina.

En Madrid, los manifestantes han coreado mensajes como “no llego a fin de mes, por pagar el alquiler” o “el próximo desahucio, que sea en la Zarzuela”, entre otras consignas. La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha criticado a un “Parlamento rentista” que se posiciona del lado de los especuladores y la patronal inmobiliaria y ha exigido la prórroga obligatoria de los alquileres y una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que ponga coto a la “estafa” de los alquileres de temporada.

En esta concentración, las críticas han ido a la oposición, que ha votado en contra del 'escudo social', pero también contra el Gobierno por no ser capaz de armar una mayoría de consenso, algo que ya ocurrió el año pasado y que finalmente se acabó enmendando tras una nueva negociación con Junts. No obstante, los portavoces de las asociaciones han anunciado un calendario de protestas, que arrancará con una manifestación frente a la sede del PP en la calle Génova el próximo 30 de enero.

Los colectivos en defensa al acceso a la vivienda alertan de que hay unas 70.000 familias vulnerables en España afectadas por la caída de la moratoria, de las cuales unas 14.000 estarían en Catalunya.

Ante esta situación, han exigido recuperar la moratoria antidesahucios de forma urgente, pero no solo. Otras medidas que han puesto sobre la mesa es aprobar una nueva reforma de la Ley de Arrendamientos para regular los alquileres temporales y de habitaciones o prorrogar obligatoriamente los contratos de alquiler.

En declaraciones a los periodistas, el portavoz de la PAH, Juanjo Ramon, ha criticado “el papel de Junts y de la extrema derecha” en materia de vivienda y les ha acusado de “poner por encima los intereses de los grandes especuladores al de las familias”. La portavoz del Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya, Gisela Bermúdez, ha cargado contra todos los partidos del arco parlamentario y les ha acusado de hacer un “circo” para sacar “rédito electoral”.

Marta Espriu, portavoz de la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya, ha empleado la misma expresión, ha reprochado al PSOE hacer “electoralismo descarado” y ha tildado Junts de ser el “portavoz de la patronal inmobiliaria”.

Txema Escorsa, del Sindicato de Inquilinos, ha exigido medidas para que “ninguna persona, ninguna familia, ningún inquilino sea expulsado de su casa”. La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética, Irene González, ha lamentado que las medidas para proteger a las personas vulnerables dependan de una moratoria que se debe ir votando periódicamente en el Congreso: “Se hace política a parches y abierta a juegos partidistas”.

La movilización ha contado también con el apoyo de entidades y sindicatos como UGT, CCOO, CGT, Intersindical, CNT, Marea Pensionista, el Consell Nacional de la Juventut de Catalunya, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) y Docentes 080, entre otros.