LaLiga ofrece 50 euros a cada persona que denuncie a los bares que emiten fútbol pirata

LaLiga ha dado un paso más en su estrategia antipiratería. A partir de ahora, recompensará con 50 euros a cada persona que denuncie de forma “válida y efectiva” a los bares, restaurantes o casas de apuestas que emitan partidos sin licencia. La patronal dirigida por Javier Tebas, que fue multada por incluir un software espía en su aplicación oficial para intentar frenar estas retransmisiones en el ámbito de la hostelería, afirma que esta nueva iniciativa busca “reconocer” la “colaboración ciudadana”, “clave en esta lucha”.

La organización ha establecido una pauta visual sencilla para los informantes: si durante la retransmisión no aparece una letra “B” en los bares o una “A” en los locales de apuestas, el establecimiento no cuenta con la licencia necesaria y la señal se considera fraudulenta. Los ciudadanos que lo denuncien, recibirán los 50 euros una vez que se reciba la “confirmación técnica” de que la retransmisión era ilegal.

“El objetivo es doble: proteger a los establecimientos que emiten fútbol de forma legal y facilitar la colaboración ciudadana en la defensa de los derechos audiovisuales, poniendo a disposición de los usuarios un canal accesible desde el móvil y operativo en cualquier momento”, asegura LaLiga.

“Todas las comunicaciones se tratan de forma confidencial y las denuncias son revisadas bajo criterios técnicos y objetivos antes de considerarse válidas o gratificables”, continúa el comunicado. La medida se suma a una infraestructura de vigilancia que ya incluye inspecciones presenciales y sistemas avanzados de monitorización.

También llega en medio de un clima de tensión por la maniobra que la patronal lleva a cabo para frenar la piratería doméstica. Cada fin de semana, cientos de servicios digitales y páginas web sin relación con las retransmisiones ilegales dejan de ser accesibles debido a los bloqueos que LaLiga ordena a los operadores de Telefonía. Estos, realizados con amparo judicial, le permiten tumbar grandes paquetes de datos que circulan por Internet si detecta una web pirata entre ellos.

La sentencia que consintió esta práctica recogía también que su puesta en práctica no debía “perjudicar a terceros”, motivo por el cual los afectados han llevado el caso al Tribunal Constitucional. Las principales organizaciones de usuarios de Internet también han elevado una denuncia al Defensor del Pueblo, en la que protestan por la “intolerable pasividad” del Gobierno ante la situación.

El Ejecutivo, por su parte, recomienda a los afectados que recurran por la vía judicial. “El Gobierno anima a cualquier persona o entidad afectada a ejercer sus derechos por las vías legales y seguirá con atención la evolución de la situación para valorar posibles medidas en el marco de sus competencias”, afirmó el pasado octubre.