Anticorrupción investiga si el alcalde de Tudela, de UPN, troceó contratos al bufete de un exdirectivo de su partido
El Ayuntamiento de la ciudad del sur de Navarra adjudicó tres contratos por valor de 24.000 euros y de manera driecta en concepto de asesoría jurídica para oponerse a la ampliación de una depuradora
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) investiga si el Ayuntamiento de Tudela, cuyo alcalde es el vicepresidente de UPN, Alejandro Toquero, troceó tres contratos de asesoría jurídica que suman un montante total de 29.040 euros para adjudicárselos de manera directa al despacho de abogados de un exdirectivo de su partido. La OANA estima en su resolución que existen “indicios razonables de veracidad” en los hechos denunciados por Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) y ha anunciado el comienzo de las diligencias.
En su denuncia, Contigo/Zurekin alertaba de que el Consistorio de UPN había troceado tres contratos de servicios jurídicos con motivo de su oposición a la ampliación de la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Tudela, llevada a cabo por la empresa pública Nilsa, para no superar el importe máximo establecido en la ley foral de contratos públicos para adjudicar contratos de manera directa, fijado en los 15.000 euros. Los tres contratos fueron adjudicados al mismo bufete, el despacho Gallego Echarri San Miguel y Galar S.L.P. (Gesabogados), del que uno de sus socios, Miguel Echarri Iribarren, fue miembro de la dirección de UPN bajo la presidencia de Yolanda Barcina.
Los contratos fueron adjudicados entre el 12 de marzo de 2024 y el 15 de junio de 2025 por 7.260 euros, 18.150 euros y 3.630 euros, respectivamente. Los tres fueron por labores de asesoría jurídica relacionadas con la ampliación de la depuradora. Un informe de la Intervención del Ayuntamiento al que ha tenido acceso este periódico y que fue incorporado a la denuncia presentada en Anticorrupción advierte que el Ayuntamiento de Tudela podría haber vulnerado la ley de contratos al adjudicar de manera sucesiva a un mismo beneficiario diferentes contratos por las mismas funciones superando los 15.000 euros
Anticorrupción entiende que hay “indicios razonables” de que pudo existir un fraccionamiento irregular de los contratos e investigará si los tres contratos adjudicados por separado deberían haber ido en un único encargo y si se fraccionaron para poder ser adjudicados de manera directa como contratos independientes en lugar de tramitarse mediante el procedimiento ordinario.
El Ayuntamiento de Tudela presentó un informe de alegaciones a la Oficina Anticorrupción argumentando que el contrato de 3.630 euros fue finalmente rechazado “por entender que el trabajo facturado se encuentra comprendido entre los servicios jurídicos contratados en el presupuesto de julio de 2024” y que, por tanto, tan solo son dos “los contratos a analizar”. Con todo, Anticorrupción ha decidido iniciar una investigación sobre si el Consistorio de UPN cometió irregularidades en materia de contratación pública.