Asesinato con uniforme y mascara

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Por Julio Disla

Lo ocurrido el pasado fin de semana no fue un “incidente”, ni un “exceso”, ni un error operativo. Fue un asesinato. Los múltiples videos disponibles, captados desde distintos ángulos, funcionan como una radiografía precisa de un poder que ha perdido toda legitimidad moral y política, hundido ya en la ignominia. No se trata de interpretación ideológica: se trata de hechos verificables.

La persona asesinada, Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años, enfermero de cuidados intensivos, no violó ninguna ley. Tenía un arma, sí. Tenía derecho legal a poseerla y derecho legal a portarla. Nunca la desenfundó. Nunca amenazó a nadie. Nunca realizó un solo amago de uso. Los registros audiovisuales son claros, contundentes e irrefutables.

La secuencia de los hechos desmonta por completo la versión oficial. Pretti es abordado por agentes federales, golpeado físicamente y derribado al suelo. Ya reducido, uno de los agentes le quita su arma legal, una SIG Sauer P320-AXG Combat.

El agente se retira con el arma en la mano derecha, sin que exista hasta ese momento ningún disparo. Solo después, cuando la víctima está desarmada, inmovilizada y sin posibilidad alguna de amenaza, se producen diez disparos que le quitan la vida.

No existe legítima defensa posible cuando el arma ya no está en manos del ciudadano. No existe “temor por la vida” cuando el supuesto peligro ha sido neutralizado. Sin ser abogado; jurídica, ética y políticamente, lo ocurrido fue una ejecución extrajudicial.

El Departamento de Seguridad Nacional intentó justificar el crimen afirmando que los agentes realizaban un operativo migratorio y que un individuo armado “se resistió violentamente”. Esa afirmación se derrumba al confrontarla con las imágenes. No hay resistencia armada. No hay intento de disparo. No hay amenaza real. Hay, en cambio, uso desproporcionado y letal de la fuerza estatal.

La reacción del presidente Donald Trump agravó aún más la situación. Desde su cuenta oficial difundió una fotografía del arma manipulada y calificó a la víctima como “pistolero”, en un intento burdo de criminalizar al muerto y fabricar retrospectivamente una amenaza inexistente. El cargador fue retirado, la corredera quedó abierta y la escena fue presentada como si el ciudadano hubiese estado a punto de disparar.

Trump afirmó que el arma estaba “lista para usar”, ocultando que se trata de un modelo con seguro manual, vendido de fábrica con tres cargadores, no dos, como él escribió. La manipulación no es menor: busca instalar en la opinión pública la idea de una amenaza que nunca existió. Un peritaje independiente podría demostrar lo que los videos ya revelan: el arma nunca fue disparada por la víctima.

La actuación de Immigration and Customs Enforcement confirma una realidad inquietante: ICE actúa como una fuerza de ocupación interna, no como una agencia de seguridad pública. Su lógica no es la del debido proceso, sino la de la represión militarizada. Esa misma lógica que Estados Unidos aplicó durante décadas fuera de sus fronteras hoy se ejerce contra su propia población.

No es casual que el periodista Chris Hedges haya comparado estos asesinatos con los cometidos por escuadrones estadounidenses en Faluya o en la provincia afgana de Helmand. La violencia colonial ha regresado a casa, y ahora se despliega en las calles de Minneapolis con la misma impunidad.

En su mensaje, Trump desvió la atención con acusaciones delirantes contra la congresista Ilhan Omar, habló de miles de millones supuestamente robados y acusó a autoridades locales de “insurrección”. Nada de eso guarda relación con el asesinato. Es propaganda, ruido y distracción. El manual es viejo: criminalizar a la víctima, inventar enemigos internos y blindar a los aparatos represivos.

Minneapolis se ha convertido en símbolo de un país donde el contrato social se descompone aceleradamente. Estados Unidos no solo enfrenta una crisis económica estructural; vive una crisis social profunda que no se conocía con tanta intensidad. Cuando el Estado mata a ciudadanos desarmados, manipula pruebas y miente sin pudor, ya no estamos ante una democracia imperfecta, sino ante un régimen en franca descomposición.

Este asesinato no es un hecho aislado. Es una advertencia. Y también una señal de que un poder que necesita disparar diez veces contra un hombre en el suelo ya no gobierna por consenso ni por ley, sino por miedo. Y los poderes que solo saben gobernar mediante el terror, inevitablemente, terminan cayendo.

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