La omisión también constituye delito
Abogada especializada en materia penal
Buergo Gómez Abogados, S.C.
En el caso reciente de la conductora que arrastró a un motociclista en calles de la Ciudad de México, la indignación pública se ha enfocado en la brutalidad del hecho. Pero más allá del acto en sí, hay un componente jurídico que merece ser visibilizado: la omisión de auxilio como delito.
En el derecho penal, no solo se castigan las acciones, también las omisiones. Es decir, cuando una persona tiene la capacidad y el deber legal de evitar un daño o prestar auxilio —y no lo hace—, incurre en responsabilidad penal. Abandonar a una persona herida, sin brindar ayuda o sin llamar a servicios de emergencia, puede considerarse una conducta punible.
No se trata únicamente de una cuestión moral o de humanidad; es una norma jurídica que forma parte del marco legal mexicano. El delito de omisión de auxilio no solo se encuentra tipificado en algunos códigos penales locales, sino que ha sido motivo de análisis en diversas sentencias judiciales. Y es que, a diferencia de lo que se piensa, el resultado de la omisión puede agravar la sanción considerablemente.
Desde una perspectiva jurídica, para que se configure este tipo de responsabilidad penal deben concurrir diversos elementos: que la persona haya tenido la posibilidad real de prestar auxilio; que existiera un deber de actuar, ya sea impuesto por la ley o derivado de la situación concreta; que el incumplimiento de ese deber haya contribuido directamente a un resultado dañino; y que dicho resultado pudiera haberse evitado o atenuado si la persona hubiera actuado.
Aquí entra en juego la importancia de contar con asesoría legal desde el primer momento. Muchas personas creen que la omisión de auxilio es un “delito menor” y no advierten las consecuencias legales que pueden derivarse, sobre todo cuando hay víctimas que terminan con secuelas físicas, emocionales o, en el peor de los casos, pierden la vida. El desconocimiento puede llevar a enfrentar sanciones mucho más graves.
Por eso, tanto para las personas imputadas como para las víctimas o sus familias, contar con orientación jurídica resulta fundamental. La asesoría adecuada permite dimensionar los alcances de una conducta —por acción u omisión—, ejercer el derecho a la defensa o bien, exigir justicia desde una posición informada y protegida.
El mensaje es claro: la ley no es insensible ante la indiferencia. El abandono, la fuga o el desinterés frente al sufrimiento ajeno pueden configurar delitos graves. Como sociedad, tenemos que entender que no ayudar, cuando se puede y se debe, porque la omisión también constituye delito.