Suspensión del proceso de evaluación reaviva críticas a Ley Ricarte Soto

La paralización del proceso para incorporar nuevas patologías a la Ley Ricarte Soto volvió a encender las alarmas entre pacientes y organizaciones, quienes expresaron su preocupación por la falta de avances en una política pública clave para el acceso a tratamientos de alto costo.

La Ley Ricarte Soto, vigente desde 2015, fue diseñada para financiar terapias para enfermedades complejas mediante un fondo anual de $100 mil millones. Con los años, la cobertura se ha ido ampliando hasta alcanzar 27 patologías, incluyendo distintos tipos de cáncer no cubiertos por el AUGE/GES, enfermedades inmunológicas y condiciones poco frecuentes. Sin embargo, desde 2021 no se han sumado nuevas patologías, dejando a miles de personas a la espera de un nuevo decreto que permita ampliar la lista de cobertura.

Esa expectativa se vio nuevamente frustrada luego de que el Ministerio de Salud confirmara la suspensión del proceso de evaluación de nuevas tecnologías sanitarias, a la espera de un informe financiero pendiente por parte del Ministerio de Hacienda.

“La suspensión del proceso de evaluación, a la espera de un informe financiero que Hacienda no ha entregado, condena a miles de familias a seguir esperando en la incertidumbre. El Estado no puede seguir pasándose la pelota, porque las enfermedades no esperan, no hacen pausa y no entienden de transiciones de gobierno”, advirtió el senador Juan Luis Castro (PS) mediante un comunicado difundido junto a asociaciones de pacientes.

La cartera sanitaria ya había adelantado en septiembre que la incorporación de nuevas patologías enfrentaba dificultades por razones presupuestarias. Este escenario ha sido compartido por especialistas y organizaciones, que alertan sobre el impacto directo que tiene la demora en quienes dependen de estos tratamientos.

Durante la primera etapa del proceso para elaborar un nuevo decreto, realizada el año pasado, se recibieron 9.580 solicitudes de diagnósticos y terapias de alto costo para evaluación. Entre ellas figuraban tratamientos para el mal de Crohn, hipercolesterolemia familiar, mielodisplasia, linfoma cutáneo y atrofia muscular espinal.

“La ley es un instrumento que nació justamente para ir en ayuda de las personas que viven con enfermedades de alto costo, entre ellas también las enfermedades poco frecuentes. No es la solución definitiva, eso lo tenemos claro, pero al menos es una ventana para que algunas personas puedan encontrar un espacio donde su tratamiento sea abordado. El problema es que cuando las decisiones se pausan, se alargan y no se responde en tiempo y forma, esa ventana termina transformándose en una traba gigante”, señaló la presidenta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, Jessica Cubillos, a diario La Tercera.

En paralelo, en junio de 2025 el Ministerio de Salud ingresó un proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados para modificar la normativa y aumentar los recursos del fondo. Si bien la iniciativa fue aprobada en general, su tramitación no ha registrado avances significativos.

La economista experta en salud Daniela Sugg explicó que el principal obstáculo para ampliar la cobertura está en el financiamiento. “Las proyecciones ya indican que el gasto efectivo será mayor que los recursos del fondo en el largo plazo. Por lo tanto, si no se adecua lo que hoy está cubierto —y eso no significa eliminar prestaciones—, sino revisar efectivamente si hay tratamientos que ya no son de alto costo, y que podrían pasar a otro sistema de protección, el problema se va a mantener”, afirmó.

En ese contexto, agregó que “no se puede seguir cargando a la Ley Ricarte Soto con nuevas tecnologías y nuevos problemas de salud, si lo que hoy está garantizado no alcanza a cubrirse con los recursos actuales del fondo”.