Feijóo critica ahora la regularización de personas migrantes tras defender que podían "estar tranquilos"

“Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en Españ,a pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos”. Así avanzó el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el apoyo de su partido al inicio de la tramitación de la iniciativa legislativa popular para regularizar a personas migrantes que viven y traban en España sin permiso formal. Ahora, Feijóo ataca al Gobierno por “desbordar nuestros servicios públicos” y vincula su acuerdo con Podemos con un intento de desviar la atención del accidente de Adamuz.

El Congreso apoyó en 2024 debatir una iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de las 500.000 personas migrantes que, según los cálculos de los impulsores, viven en España sin papeles y, por lo tanto, sin el acceso a derechos básicos. El respaldo a la propuesta, impulsada por cientos de organizaciones sociales, fue abrumador: 310 votos a favor y 33 en contra. Solo Vox votó 'no'.

La presencia de Cáritas entre los firmantes de la ILP fue determinante para el apoyo del PP, que lo esgrimió reiteradamente como justificación de su voto favorable. Así lo afirmó en el debate parlamentario la portavoz en la materia, Sofía Acedo, quien ya advirtió entonces de que “abrir el debate” les “permitiría retratar al Gobierno”.

Pero el PP hace equilibrios entre las posiciones que comparten buena parte de su base social y de la Iglesia, y su pugna con Vox por el voto de la derecha más radical. Mientras la ILP languidecía en el Congreso, los de Feijóo han ido endureciendo su discurso sobre la inmigración.

Apenas un mes después de votar a favor de la iniciativa popular, Feijóo esgrimió el miedo al migrante como arma electoral en Catalunya. “Ocupan nuestros domicilios”, dijo entonces. Un discurso en el que ha ahondado el primero partido de la oposición. “Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad”, dijo en julio de ese mismo año en un discurso en contra de la acogida de menores migrantes por parte de las comunidades autónomas.

Ese mismo mes, su por entonces portavoz parlamentario, Miguel Tellado, afirmó: “Nosotros estamos a favor de la inmigración regular y ordenada porque España lo necesita”. El hoy secretario general secundó así la posición de la CEOE, que ha reclamado en múltiples ocasiones regularizar la situación de personas que ya trabajan en España.

Tellado ha llegado a pedir la intervención de la Armada para evitar la llegada de embarcaciones con personas migrantes a España.

Esta petición la ha hecho también Vox. A ambos, las Fuerzas Armadas les han recordado que su misión no es esa: “No estamos para apartar a los cayucos, sino para ayudarles”.

Los vaivenes del PP en esta materia han sido constantes. Ese mismo 2024, en agosto, el portavoz nacional, Borja Sémper, volvió a defender la regularización de personas migrantes. “Hay que darles una salida, faltaría más”, dijo, y mencionó expresamente a “los cientos de miles de personas en España que están en la economía sumergida, trabajando pero no cotizando, que no tienen derechos sociosanitarios o labores”. E insistió en la ILP avalada por Cáritas “para debatir, para profundizar y para hacerlo bien”.

El auge de Vox y del discurso racista han roto este equilibrio precario en el que estaba instalado el PP, que ha entrado de lleno en la competición con la extrema derecha en esta materia. Feijóo ha planteado una suerte de 'carné por puntos', una idea que ya barruntó Mariano Rajoy hace casi dos décadas, mientras acusaba a las personas migrantes de “convertir barrios enteros en lugares irreconocibles” porque “ser español es compartir un destino” y “conocer una herencia universal”.

El PP plantea expulsar a migrantes legales “reincidentes” por delitos “aunque sean leves”, aunque su jefe de filas dijo no estar “dispuestos a que en España crezca la xenofobia”.

Más allá del discurso, en el PP han planteado condiciones a las regularizaciones extraordinarias que ya existen en el ordenamiento jurídico, como la obligación de resolver cada solicitud de forma individualizada, no en bloque, de revisar los antecedentes penales o de someterse a un examen de conocimiento del idioma español.

Ahora, el PP ha salido en tromba contra el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y Podemos para formalizar la regularización extraordinaria a través de un real decreto que no precise de un respaldo parlamentario ante la constatación de que no hay una mayoría para tramitar la ILP de 2024.

El PP, con Feijóo a la cabeza, asegura que “es una cortina de humo para no hablar del accidente ferroviario de Adamuz” por el que “se están negando a asumir responsabilidades políticas”. En un comunicado remitido anoche a los periodistas, el partido de Feijóo aseguró que “Sánchez intenta cambiar el foco a toda prisa y lo hace abriendo de par en par un Real Decreto de regularización masiva, sin control ni garantías”.

“Regularizar sin capacidad real de integración no mejora la vida de nadie. Alimenta la economía sumergida, incrementa la presión sobre los servicios públicos y genera frustración social”, añade el partido. Una idea que recogió Feijóo en su cuenta de Twitter.

El PP acusa al Gobierno de “irresponsabilidad” y de provocar “consecuencias sociales muy concretas” que no especifica. Se limita a señalar genéricamente que “acelera la fractura social, rompe la convivencia en barrios enteros y genera comunidades paralelas”.

“La nacionalidad y la residencia españolas se merecen, no se regalan”, dice el PP, algo que no está contemplado en el proceso, similar a otros con los que su propio partido regularizó a más de medio millón de personas en el pasado, también en procesos extraordinarios.