Un acusado en el juicio del 'caso Taula' apunta a González Pons por el contrato público al 'yonqui del dinero'

La primera sesión del juicio del 'caso Taula' por la pieza separada E, el cuarto de la macrocausa y el tercero para Marcos Benavent, conllevó la reaparición de Vicente Burgos, un veterano del PP de la quinta de Francisco Camps retirado de la política desde su ingreso en prisión en 2014 por el impago de una multa, tras haber sido liquidador de la televisión autonómica. Burgos se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción de cinco años de prisión por un presunto delito continuado de malversación. Se sienta en el banquillo de los acusados por la contratación de Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', en la Fundación Jaume II El Just, de la que Vicente Burgos era gerente. Sin embargo, el acusado ha apuntado al conseller de Cultura que firmó el contrato en 2003: Esteban González Pons, actual eurodiputado del PP y miembro de la dirección de Alberto Núñez Feijóo.

Burgos se prestó a contestar a las preguntas del fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, en la primera sesión del juicio, y se definió como “gerente sin atribuciones”. El 'yonqui del dinero' aterrizó como contratado en la fundación pública, aunque era un “eventual del gabinete” de González Pons, según dijo el acusado. Benavent cobró de la Jaume II El Just un total de 164.676 euros, según Anticorrupción.

Los tres sucesivos consellers de Cultura (Alejandro Font de Mora y Trinidad Miró, además de González Pons) ostentaban la condición “indubitada” de presidentes de la fundación, según recordó el acusado.

El cargo de Marcos Benavent como director de actos institucionales de la fundación no fue una “designación” sino una “etiqueta”, explicó Vicente Burgos, en una declaración repleta de larguísimas explicaciones, en algunos casos enrevesadas y poco comprensibles. Hasta el punto de que la presidenta del tribunal, de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, le pidió en varias ocasiones concreción. El acusado se fue sistemáticamente por las ramas.

Burgos se escudó en que se trataba de una “entidad de derecho privado”. Ante la sorpresa del fiscal —la fundación se nutría de un presupuesto público— el acusado alegó que se financiaba con “patrocinios, esponsorizaciones y créditos bancarios, de los cuales ninguno fue avalado por la Generalidad [sic]”.

El exgerente de la Fundación Jaume II El Just dijo que el proyecto de repatriar desde Madrid el claustro alto del Palacio del Abad al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna, era un “objetivo” prioritario del Consell presidido por Francisco Camps, que pretendía convertir el monasterio de Tavernes de Valldigna en una suerte de centro espiritual para los valencianos. El vestigio permanecía fuera del territorio valenciano desde la desamortización de Mendizábal, explicó Burgos.

Para recuperarlo, el conseller González Pons situó a Marcos Benavent en la fundación como “enlace”, aunque Vicente Burgos reconoció que el 'yonqui del dinero' no tenía ni mesa ni silla en las instalaciones de la entidad pública. “Había una motivación política y de objetivos por parte de la propia conselleria”, manifestó.

—¿Hizo algo Marcos Benavent en la fundación?

—Por ejemplo, venir conmigo a hacer sendas visitas en viajes al Ayuntamiento de Torrelodones en Madrid, a tramitar todo lo que era el expediente de la licencia de obra de desmontaje y traslado. El señor conseller tenía mucho interés, es público y notorio, lo anunciaba el propio presidente de la Generalitat.

El “momento procesal oportuno” para desdecirse

Vicente Burgos afirmó en la fase de instrucción del 'caso Taula' que Marcos Benavent no iba a trabajar a la fundación. En el juicio, por el contrario, sostuvo que se le “perseguía por otro tipo de cosas”, en referencia a las presuntas mordidas que también son objeto del juicio. “Dije lo que dije como argumento de defensa”, explicó en el juicio oral, el “momento procesal oportuno” para sus matizaciones.

El acusado respondió a las preguntas, tanto del fiscal como de los abogados, con larguísimas peroratas que la presidenta del tribunal trató de frenar, sin demasiado éxito. Al sufrir problemas de oído, se excusó por su alto tono de voz, amplificado además por el micrófono de la sala.

Hacia el final de la declaración, Burgos estalló. “Se me señalaba como instigador del cobro de mordidas y no salgo en ninguna declaración o grabación. Todo lo que se dice de mí es por terceros”, argumentó subiendo aún más el tono.

La instrucción del 'caso Taula', que arrancó hace más de una década, “ha causado mucho dolor”, exclamó el acusado. “Mi hijo se queda huérfano porque su madre se suicida en esta causa”, dijo en referencia a la muerte de su exmujer, la exconcejal popular en el Ayuntamiento de València, María José Alcón, que fue investigada en el procedimiento por el presunto cobro de mordidas de contratos municipales, presuntamente repartidas con el 'yonqui del dinero'.

El tribunal: “Cálmese y no pierda la compostura”

“Ya está bien, tengo 61 años, tenía 38 en aquel momento”, apostilló en referencia a la época de los hechos enjuiciados. Ante los gritos y los gestos de Vicente Burgos, que incluso lanzó algún papel a la mesa en la que se apoyaba, la presidenta del tribunal le imploró: “Cálmese, por favor, y no pierda la compostura”.

La misma magistrada formuló al acusado un par de preguntas finales: quién llevaba en la fundación la contratación de personal (la presidenta ejecutiva, respondió Burgos) y quién daba las órdenes para ejecutar los contratos (el acusado no tenía “ni firma”, según alegó). “La única firma solidaria que tenía la fundación era la del señor conseller”, apostilló.

A Burgos, en definitiva, le “daba igual contrato de alta dirección, de baja dirección o de indirrección [sic]”. Él fue destinado a la fundación “a servir a la Generalitat” y para, con sus “idóneas” capacidades, “cumplir un objetivo que no se había cumplido en los últimos cien años”.

Ya más tranquilo, Burgos cerró su llamativa declaración aludiendo a sus problemas de oído: “Disculpen si el tono en algún momento no ha sido el adecuado, sobre todo mi volumen de voz, estoy bastante sordo y eso hace que alce la voz casi que sin darme cuenta”. La magistrada respondió que el tribunal se hacía “cargo de la tensión” que sufría el acusado.