La UCO desprecinta las cajas de documentos incautados a la "trama fontanera"
Mes y medio después de la operación policial en la que fueron detenidos el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y la «fontanera del PSOE» Leire Díez –por formar parte supuestamente de una organización criminal que habría amañado adjudicaciones–, la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa secreta... y así seguirá siendo por algún tiempo.
Según ha podido saber LA RAZÓN, el carácter secreto de la instrucción de la «trama fontanera» se prorrogará un mes más antes de que el próximo 10 de febrero expire el plazo acordado. Y es que, según apuntan esas mismas fuentes, hace solo unos días (la semana pasada), los agentes de la Unidad Central Operativa UCO) de la Guardia Civil procedieron a desprecintar las cajas con la abundante documentación en formato papel que fue incautada en la casi veintena de registros que se llevaron a cabo el pasado 10 de diciembre en Madrid, Sevilla y Zaragoza en distintas oficinas de la SEPI y de empresas públicas adscritas como Sepides, Enusa (de la que fue responsable de comunicación Leire Díez) y Mercasa, así como en la sede de la sociedad Forestalia (en el foco por alguna de esas adjudicaciones bajo sospecha) y en diversos domicilios vinculados a los investigados.
Documentación pendiente de la SEPI
Además, también se ha desprecintado un portátil requisado por los agentes durante esos registros y que no se había incorporado a las evidencias digitales incautadas a resultas de esa operación policial, que también acarreó el arresto del empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán en el epicentro de las presuntas adjudicaciones de obra pública irregulares en torno a la «trama Koldo» (que mantiene en prisión al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a quien fuera su asesor, Koldo García).
Y hasta que no se analice toda esa documentación, subrayan, el carácter secreto de la investigación no se levantará. No será que la UCO disponga de todos esos datos cuando la unidad policial podrá remitir a Pedraz un avance de informe que permita al instructor dejar sin efecto la medida.
Por si fuera poco, según las fuentes consultadas la SEPI no ha remitido aún toda la documentación solicitada por la Audiencia Nacional para intentar esclarecer el supuesto amaño de adjudicaciones por parte de la «trama», que según la investigación habría amañado, tal y como informó LA RAZÓN, cinco contratos públicos por un valor total de casi 133 millones de euros.
Indicios sólidos
Hay que tener en cuenta que la instrucción judicial está ahora mismo en los albores, por lo que por delante quedan meses de instrucción a tenor de la solidez de los indicios que apuntan fuentes de la investigación.
Así las cosas, no es previsible que el secreto de las pesquisas se deje sin efecto antes del próximo 10 de marzo, cuando la UCO haya pergeñado ya sus conclusiones tras examinar la documentación requisada.
La UCO investiga adjudicaciones presuntamente irregulares entre 2020 y 2021 por parte de las empresas públicas citadas a Forestalia, Servinabar, Residuos de Melilla, Tubos Reunidos y Erri Berri, especializada en derribos.
Tanto Leire Díez como Vicente Fernández –persona de máxima confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero, de la que depende la SEPI–, y el empresario Antxon Alonso están investigados por delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.