Marta Esquivel, candidata a diputada, contrademanda a la CCSS por al menos ¢119 millones en disputa por salario de ¢7,1 millones

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, candidata a diputada por Heredia del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), contrademandó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) exigiéndole una indemnización de al menos ¢119 millones.

Esquivel tomó la acción legal en el marco del proceso de lesividad que la CCSS interpuso en su contra, ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, por los presuntos sobresueldos que habría recibido cuando fungió como presidenta ejecutiva.

En diciembre del 2023, la Contraloría General de la República (CGR) advirtió de que la ilegalidad del salario de ¢7.158.848 que devengaba Marta Esquivel como presidenta ejecutiva de la CCSS.

La observación se sustentó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el 2018, la cual establece que la remuneración total de los servidores públicos no puede superar el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala salarial, tope que asciende a ¢5.565.000 mensuales.

La Contraloría ordenó a la Junta Directiva de la Caja ajustar de inmediato el monto devengado por Esquivel y recuperar las sumas pagadas en exceso por salarios y cualquier otro gasto derivado de las diferencias, como aguinaldos, salarios escolares, cargas sociales y fondo de capitalización laboral, entre otros.

Rubros reclamados por Esquivel

En la contrademanda, presentada el 31 de octubre de 2025, Esquivel alegó tres rubros principales para fundamentar su reclamo económico.

En primer lugar, solicitó las diferencias salariales derivadas del rebajo aplicado entre marzo del 2024 y el último día que laboró en la institución, el 7 de enero de 2025, correspondientes a la diferencia entre el salario bruto que percibía —¢7.670.194,29— y el tope impuesto de ¢5.565.000.

En segundo lugar, la aspirante a diputada pidió una indemnización por daño moral objetivo por la supuesta afectación al honor y buena reputación, que estimó en ¢3 millones mensuales desde diciembre de 2023 y hasta que exista una resolución firme del proceso.

Finalmente, solicitó ¢20 millones por concepto de daño moral subjetivo, en relación con el sufrimiento emocional.

Monto sería mayor

No obstante, el monto reclamado se incrementaría con el pasar del tiempo, ya que la contrademanda también incluyó el pago de intereses, indexación de las sumas que eventualmente ordene el tribunal y el reconocimiento de costas personales y procesales.

A esto se suma que la pretensión de los ¢3 millones mensuales por daño moral no es un monto que ya esté definido, sino que el total dependerá de la duración del litigio y del momento en que quede en firme la sentencia.

La exjerarca también pidió que se ajusten todos los extremos laborales asociados al salario, como aguinaldo, vacaciones, salario escolar y aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

¿Qué es un proceso de lesividad?

Un proceso de lesividad es igual a una demanda ordinaria, pero quien actúa es el Estado para que se anule un acto que otorga un derecho emitido por el mismo Estado.

En este caso, la Junta Directiva de la Caja inició el proceso de lesividad el 19 de marzo de 2024, para declarar la nulidad de la acción de personal Nº 435077-2022 en donde se estableció el salario de Esquivel Rodríguez y ordenó a la Dirección Jurídica efectuar las acciones judiciales. La decisión la tomó mediante el artículo 9 de la sesión 9421.

En su contestación al proceso de lesividad y en la contrademanda, Esquivel alegó que el documento no corresponde al que consta en su expediente personal ni al que le fue entregado al inicio de su nombramiento. Según su versión, la acción de personal válida es otra, con numeración distinta, firmada por el entonces gerente general, mientras que el documento impugnado carecería de firmas autorizadas y de los elementos esenciales de un acto administrativo.

Añadió que la acción de personal cuestionada fue confeccionada más de un año después de su nombramiento como presidenta ejecutiva, ocurrido en setiembre de 2022, por lo que —en su criterio— no podía ser objeto de anulación.

Asimismo, cuestionó que el proceso de lesividad se dirija contra un documento que, a su juicio, no genera derechos subjetivos, sino que corresponde a un registro de planillas.

Según la candidata a diputada, lo correcto habría sido impugnar los acuerdos de Junta Directiva que fijaron el salario, el más antiguo siendo del 2018. No obstante, también sostiene que esto no sería posible al haber transcurrido el plazo legal de cuatro años para poder anular ese acto, y que los posteriores “solo confirman el monto” del salario para la presidencia ejecutiva de la CCSS.

Candidata cuestiona caso en su contra

En relación con la reducción salarial, Esquivel aseguró que la medida cautelar que suspendió parte de su salario no le fue debidamente notificada y que se aplicó de forma ilegal y arbitraria a partir de mayo de 2024, pese a que —según sostiene— los acuerdos de Junta Directiva que fijaron la remuneración de la Presidencia Ejecutiva se encontraban firmes y vigentes.

A ello se suma que Esquivel reclamó que parte de la documentación vinculada al caso, en particular actas de la Junta Directiva, haya sido declarada confidencial, pese a que ella figura como la persona directamente afectada por las decisiones adoptadas.

En sus escritos, indicó que esa situación le impidió acceder oportunamente a información relevante y la colocó en un estado de indefensión, razón por la cual solicitó al tribunal que se prevenga a la CCSS para aportar la totalidad del expediente administrativo, con todas las actas y documentos relacionados con la fijación y revisión de su salario, incluida la solicitud de inhibitoria de tres directivos.

“Hasta tanto no se tenga la totalidad de la información, se está generando una afectación gravísima al derecho de defensa”, señala el documento.

Finalmente, la exjerarca afirmó que las actuaciones de la CCSS y de otras instancias le han generado un estado de indefensión adicional debido a que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) mantiene decomisados sus equipos informáticos personales y laborales, lo que, afirma, limita su capacidad de defensa, esto como parte de las investigaciones por el Caso Barrenador, en el cual Esquivel figura como imputada.

Advirtió que esa situación será elevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que ha provocado afectaciones personales y familiares, las cuales fundamentan su reclamo por daño moral.