¿Por qué Contraloría quiere el nombre de las personas trans que se atienden en programas estatales?

“Olvídense de que somos personas trans, en el caso de cualquier persona no pueden ingresar/pedir esos datos. Estamos hablando de salud pública, de un problema de salud pública”, alertó Lorenza Quezada, vocera de Salud Trans para Chile, por una solicitud de información de Contraloría que incluye el nombre e identidad de las personas que se atienden en los Programas de Apoyo a la Identidad de Género y de Salud Trans. 

Para fiscalizar la ejecución del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG) y el Programa de Salud Trans, la Contraloría General de la República pidió a todos los servicios de salud del país información como, nombre social y registral, identidad de género, sexo registral y RUT, de personas que se atienden en ellos. No la pidieron una, sino tres veces, a pesar de la negativa de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

El primer oficio es de noviembre de 2025, dirigido al subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell. Se informó el inicio de la auditoría a estos programas y entre los requerimientos de información, como manuales, protocolos, instructivos, se solicita un listado de niños, niñas y adolescentes (NNA) usuarios del PAIG, con “RUT, nombre social y nombre legal, fecha de nacimiento, sexo legal”. Lo mismo para el Programa de Salud Trans.

El 8 de enero de 2026 el ente fiscalizador insistió con un oficio esta vez dirigido a “todos los servicios de salud”, debido a que las subsecretarías de Redes Asistenciales y de Salud Pública “no disponen de un registro pormenorizado con la individualización de los pacientes beneficiarios de ambos programas”. El documento solicita, entre otros datos, lo siguiente: 

Para el Programa de Salud Trans se pide lo mismo, pero se agrega el “detalle del arsenal farmacológico utilizado en los hospitales de la red para terapia hormonal”. 

La Contraloría dio 10 días hábiles para responder y la Subsecretaría de Redes Asistenciales efectivamente respondió, pero no otorgando los datos, sino todo lo contrario. “Existen restricciones de orden legal que limitan la entrega de parte de la información requerida, en particular aquellas derivadas de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, así como de otras normas vigentes que resguardan los datos personales y sensibles”, consigna el documento del 12 de enero de este año firmado por el subsecretario Martorell. 

El documento cita la Ley N° 20.584 y su Reglamento (D.S. N.° 41), que otorga el carácter de “dato sensible, reservado y de acceso limitado” a las fichas clínicas y la información de salud, una protección que es “reforzada cuando los titulares son NNA”. Con esta consideración se argumentó que la subsecretaría carece “de la facultad para levantar la reserva legal que protege a estos pacientes, misma restricción se extiende a los Servicios de Salud, que si bien podrían tener el dato requerido, no por ello pueden hacer entrega”. 

Además, se citó el “interés superior del niño”, la “protección de la privacidad en menores”, que “la doctrina administrativa y la jurisprudencia de la Corte Suprema sugieren invariablemente que, para fines de control, se debe optar por la medida menos intrusiva”, entre otras consideraciones. 

“Con todo, y con el propósito de colaborar activamente con la función fiscalizadora, ponemos a disposición información estadística agregada y anonimizada que permita verificar el adecuado uso de los recursos públicos. Sin perjuicio de remitir todos los demás antecedentes solicitados que no involucran datos sensibles”, se consignó en el texto.

La insistencia de Contraloría

“A mí me parece que esta solicitud de información está absolutamente extralimitando la confidencialidad de datos personales, inclusive la ley de derechos y deberes del paciente con respecto al resguardo de sus fichas clínicas y en particular en el caso de niños, niñas, adolescentes, también en el caso de las personas mayores de 18 años que acceden a programas, hay una identificación, no hay ningún dato anonimizado que se pida”, cuestionó la senadora Claudia Pascual (PC), de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. 

De hecho pidió oficiar a la Defensoría de la Niñez para que se pronuncie sobre el tema y la comisión acogió la solicitud. “Yo no he visto nunca a la Contraloría pedir nombre de los pacientes y las dosis de paracetamol, de nalapril o de cualquier otro medicamento que pueda ser entregado por un programa específico o por un Cesfam, entonces, ¿por qué a este programa en particular se le pide ese nivel de detalle? A mí me llama la atención profundamente”, indicó la parlamentaria. 

Para la senadora Pascual, “esto está vinculado al debate que se viene haciendo ya hace dos años, en el marco de la Ley de Presupuesto. Hay parlamentarios de derecha que trataron de pedir este mismo tipo de informaciones vía glosas en el presupuesto 2025 y fueron recurridas de inconstitucionalidad y el TC las declaró inconstitucionales. Para el presupuesto 2026 se puso como solicitudes de información, no glosas, por lo tanto no se votaban y desde ese punto de vista creo que la Contraloría pide más información inclusive que los propios parlamentarios”. 

Esta misma advertencia la hacen organizaciones LGBTQIA+, que ya han denunciado hostigamiento a la población trans que participa en estos programas. “Hay antecedentes de una persecución evidente desde hace mucho tiempo. Diputados de derecha y sectores ultraconservadores han pedido listas a nivel nacional de personas que promuevan o hablen de género, por ejemplo, en las universidades, en las oficinas de género. Entonces, hay una persecución constante”, declaró Lorenza Quezada, de Salud Trans Para Chile.  

“Esto nace de la Comisión Investigadora que se hizo en el Congreso y de ahí se toman las atribuciones para que los diputados exijan esto. Contraloría toma la situación y exige lo que exige porque existe ese antecedente. Hay una persecución de querer saber los nombres, eso es lo más delicado y lo peligroso”, agregó Quezada.

Salud Trans para Chile se articuló para presentar recursos de protección, también juntaron firmas para exigir el pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez en la materia, además de su articulación permanente con el Ministerio de Salud a través de la mesa de género de la cartera. 

A pesar de los múltiples reparos, Contraloría no retrocedió en su petición y fue el 14 de enero que respondió a la Subsecretaría de Redes Asistenciales reiterando la solicitud de los datos y refutando los argumentos del organismo. 

El ente fiscalizador indicó que el carácter “secreto” o “reservado” de parte de la información no altera ni el requerimiento, ni la obligación de entregarla. “Las normas que establezcan el secreto o reserva sobre determinados asuntos no obstarán a que se proporcione a la Contraloría General la información o antecedente que ella requiera para el ejercicio de su fiscalización”, cita el documento.

El organismo incluso agregó: “Ante la entrega de antecedentes que posean la condición de secreto reserva antes indicada, pesa sobre el personal de esta Contraloría General igual obligación de guardar tal reserva o secreto’”. 

El documento, además, especifica que desde siempre la entidad ha manejado información “altamente sensible (…) respetando los derechos constitucionales y legales de las personas”.

“Esta Contraloría General puede requerir las fichas clínicas de los pacientes para determinar el destino de los fondos considerados en la atención de determinadas patologías, o bien, para verificar el cumplimiento de alguna política pública vinculada con la oportunidad y calidad en que se otorgan ciertas prestaciones”, consignan. 

De este modo, le dan 10 días hábiles a las instituciones públicas para entregar los datos de personas trans que se atienden en el sector público, entre ellas menores de edad. RUT, nombre social, nombre registral, fecha de nacimiento, sexo registral, identidad de género y otros detalles. La fecha límite que está por cumplirse. 

“Recordar que la falta de observancia oportuna de este tipo de requerimientos puede ser sancionada directamente por esta Entidad de Control con la medida de multa de hasta quince días de remuneraciones e incluso, si lo estima procedente, puede disponer la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable de tal omisión, hasta que se le remitan los antecedentes o informes requeridos”, advirtió la contralora Dorothy Pérez antes de su firma. 

¿Qué pasa en los servicios de salud?

Camila Kohnenkampf, secretaria de Igualdad de Oportunidades de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), explicó que algunas jefaturas ya están solicitando la información a los funcionarios a cargo de los programas y que el único resguardo que han encontrado es buscar que se haga de manera formal. 

“Que esta indicación de entregar información sea a través de un documento formal donde la jefatura firme que está exigiendo los requerimientos, porque ¿qué sucederá después si, por ejemplo, una persona demanda? ¿Qué pasa después si alguien dice ‘a mí me filtraron mis datos’? Nos vamos a ver absolutamente vulnerados nosotros como funcionarios”, dijo. 

En el tema de fondo, Kohnenkampf se cuestionó la razón para pedir estos datos. “Se ve a simple vista o muy superficialmente que no es un tema económico, porque fácilmente se podría realizar mediante datos anónimos, porque lo que quieren evaluar ellos es la cobertura, la ejecución presupuestaria, los recursos y para eso no hay necesidad de exponer identidades ni trayectorias personales con respecto a los programas”, señaló. 

La profesional de la salud también reconoció que: “La fiscalización de recursos públicos es una función legítima de la Contraloría y es necesaria para el Estado, pero cuando se están ejerciendo sin un enfoque de derecho, esto se puede transformar en fácilmente en un mecanismo de vulneración. La protección de datos sensibles es un derecho internacional, entonces es complejo cómo se da esta disputa, porque no son simples datos”. 

“Hay una consideración mucho mayor, porque existe el interés superior del niño y la autonomía progresiva del mismo y entregar esa información aumenta el riesgo de estigmatización y revictimización de los mismos y aumenta una desconfianza hacia el sistema público”, indicó también la funcionaria. 

La nueva negativa de Redes Asistenciales

Consultados por este medio sobre el plazo fatal para entregar la información, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales reiteraron el apoyo a la función fiscalizadora de la Contraloría, no obstante, reiteraron que como institución tienen “una obligación legal y ética ineludible: resguardar la confidencialidad de los pacientes, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de datos altamente sensibles, cuya exposición puede afectar su seguridad, su bienestar y su salud mental”. 

“Nuestra posición no es negarnos a entregar información. Estamos disponibles para entregar todos los antecedentes administrativos y financieros que se requieran, pero utilizando mecanismos de resguardo, como la anonimización, que impidan exponer la identidad y los datos clínicos de menores y sus familias. Como organismos del Estado, seguiremos trabajando para que la necesaria transparencia administrativa conviva armónicamente con la seguridad y la dignidad de los pacientes, sobre todo durante la infancia”, indicaron.