Guerra de Sudán: ministra denuncia abusos sistemáticos contra mujeres
Puerto Sudán, Sudán. Las mujeres son las principales víctimas de los abusos en la guerra de Sudán, donde sufren “la peor violencia sexual del mundo” y otros delitos cometidos con impunidad, alertó a la AFP la ministra de Asuntos Sociales de este país africano.
Sudán, una nación del noreste de África de más de 51 millones de habitantes, sufre una guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) desde abril de 2023.
El conflicto ya dejó decenas de miles de muertos y provocó “la peor crisis humanitaria del mundo”, según la ONU.
La contienda también desplazó a unos 11 millones de personas y se caracteriza por el uso generalizado de la violencia sexual.
Existe en ambos bandos, pero es “sistemática” entre los paramilitares de las FAR, que la utilizan “como arma de guerra” con fines de “limpieza étnica”, denunció Sulaima Ishaq al Jalifa, una activista que se unió recientemente al gobierno respaldado por el ejército.
Los abusos contra las mujeres, añadió, suelen ir acompañados de saqueos y agresiones, y a menudo se denuncian violaciones perpetradas “bajo la mirada de los familiares”.
“No hay límite de edad. Una mujer de 85 años podría ser violada, un niño de un año podría ser violado”, declaró esta psicóloga de formación a la AFP en su casa de Puerto Sudán.
Se han registrado más de 1.800 violaciones desde que empezó la guerra, en abril de 2023, hasta octubre de 2025, según datos de su ministerio. Las cifras no incluyen las atrocidades cometidas en las regiones de Darfur y Kordofán desde finales de octubre.
Más de tres cuartas partes de los actos violentos (77%) son violaciones atribuidas en un 87% a las FAR, recoge un informe reciente de la red Siha, que defiende los derechos de las mujeres en el Cuerno de África.
La ONU lleva meses expresando su preocupación por la violencia de las FAR hacia las comunidades no árabes de la región de Darfur, en el oeste del país.
La Corte Penal Internacional (CPI), a su vez, abrió una investigación por “crímenes de guerra” contra ambos bandos.
‘Romper el tejido social’
A mediados de enero, el Consejo de Seguridad de la ONU convocó a la vicefiscal de la CPI, Nazhat Shameem Khan, quien describió una “situación horrible” en El Fasher.
La capital regional de Darfur, tomada por las FAR a finales de octubre, sufrió una “campaña organizada” que incluyó violaciones y ejecuciones “a gran escala”, a veces “filmadas y celebradas” por sus autores, “alentados por un sentimiento de total impunidad”.
Para Sulaima Ishaq al Jalifa, “se trata de humillar a las personas, de obligarlas a abandonar sus hogares”.
“Y también de romper el tejido social. Cuando se utiliza la violencia sexual como arma de guerra, significa que se quiere que la guerra se prolongue indefinidamente”, ya que “alimenta el espíritu de venganza”, dijo.
Darfur ya vivió un período sangriento a principios de la década de 2000. Un antiguo líder de las milicias yanyauid, de las que son herederas las FAR, fue recientemente juzgado y condenado por la CPI por su responsabilidad en múltiples crímenes de guerra, incluyendo violaciones.
Esclavas y matrimonios forzados
“Lo que está ocurriendo hoy es peor. Se están produciendo violaciones masivas, está documentado”, afirmó la ministra a la AFP. Y los autores “están muy orgullosos de lo que hacen, no lo consideran un delito”.
En Jartum, la capital de Sudán, y en varias ciudades de Darfur, las sobrevivientes denunciaron violaciones “cometidas por mercenarios francófonos procedentes de África Occidental, Malí, Burkina Faso, Nigeria, Chad, pero también colombianos y libios”, acusados de combatir con las FAR, según la ministra.
Algunas víctimas también fueron secuestradas y recluidas como esclavas sexuales; otras, vendidas a redes de tráfico que aprovechan la inestabilidad y la porosidad de las fronteras.
Pero los casos son difíciles de documentar. Uno de los retos es que las víctimas se atrevan a hablar, ya que algunas familias prefieren casarlas a la fuerza para “ocultar lo sucedido”, sobre todo en caso de embarazo, explicó la ministra.
“Consideramos que es una forma de tortura”, afirmó, al referirse a los “aterradores” casos de matrimonios forzados de niñas y adolescentes.