Enrique Ossorio, el guardabarreras de Ayuso que impide debatir sobre Miguel Ángel Rodríguez y Quirón en la Asamblea
El presidete del Parlamento regional acumula 20 años en la política madrileña: se estrenó como alto cargo de Gallardón, fue ascendido a consejero por Aguirre y Ayuso lo encumbró, primero como vicepresidente, y ahora como segunda autoridad de la región. El Constitucional concluye que la Asamblea de Madrid que preside vulnera los derechos políticos de PSOE y Más Madrid al vetar sus iniciativas
El Constitucional confirma que el PP ha usado la Asamblea de Madrid para blindar a Ayuso de preguntas incómodas
En cualquier otro lugar, el hombre que eligió Isabel Díaz Ayuso para presidir la Asamblea de Madrid durante su primer mandato con mayoría absoluta estaría en el alambre, probablemente ya dimitido. Enrique Ossorio, que entre 2019 y 2023 fue consejero y vicepresidente de la Comunidad de Madrid y ahora es la segunda autoridad de la región, ha vulnerado al frente de la Mesa de la Asamblea los derechos políticos de la oposición: del PSOE y también de Más Madrid. Lo ha certificado el Tribunal Constitucional en dos sentencias consecutivas. En la primera el tribunal decretó por unanimidad (lo avalaron todos los magistrados de la Sala Segunda, progresistas y conservadores) que la Mesa, que preside el propio Ossorio y donde el PP impone su rodillo, vulneró el artículo 23 de la Constitución cuando vetó las preguntas de los diputados socialistas sobre las amenazas e insultos del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, a periodistas de elDiario.es. En lugar de tramitarlas y permitir la fiscalización de un alto cargo que figura en el organigrama de la Comunidad de Madrid con un sueldo de 100.000 euros, la Mesa de la Cámara impidió su tramitación. Lo mismo hizo con una decena de iniciativas de Más Madrid, incluida una comisión de investigación sobre los contratos a Quirón y las adjudicaciones en pandemia. En este segundo caso, hubo dos votos particulares, cuyo contenido todavía se desconoce, por parte de dos magistrados del bloque conservador. El resto coincidieron en que se había vulnerado un precepto constitucional, el que vela por los derechos de la participación política.
En cuanto se conozcan las sentencias completas, la Mesa debería eliminar las cortapisas que ha puesto para no tratar en el Parlamento donde está representada la soberanía de Madrid asuntos relacionados con el Grupo Quirón, el principal adjudicatario de la Comunidad y durante años el principal pagador de la pareja de la presidenta, y las amenazas e insultos, pero también los contratos de publicidad institucional que gestiona el todopoderoso jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
La doble sentencia pone en el disparadero a uno de los principales peones de Ayuso: Enrique Ossorio, la persona a la que eligió para controlar la Asamblea en su primera legislatura sin socios, en la que también se encargó de atornillar a los pocos órganos que ejercían un mínimo contrapeso a sus decisiones: la Cámara de Cuentas, el Consejo de Transparencia y Telemadrid. El rodillo popular en la Asamblea permitió cambiar las leyes para rebajar las mayorías cualificadas. Cualquier potencial contrapeso fue desactivado. Desaparecidos de la ecuación de la gobernabilidad de Madrid primero Ciudadanos y luego Vox, la presidenta asumió la hegemonía total. Una región entera y 30.000 millones anuales de presupuesto, a merced de Ayuso.
Cuando se le preguntó a la presidenta hace una semana por el doble varapalo del Constitucional a la Mesa de la Asamblea, acusó a la oposición de “hacer preguntas absurdas” y sobre la dimisión de Ossorio aseguró que era una pregunta para plantear en el Parlamento regional. No hay ningún indicio de que Ossorio vaya a renunciar porque, según ha denunciado la oposición tanto en los tribunales como de viva voz desde sus escaños, está en la presidencia precisamente para blindar a Ayuso y separar de ella cualquier cuestión incómoda.
Y Ossorio tampoco es un perfil que se asuste fácilmente. Abogado con plaza en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad Social, se estrenó en política en 1996 de la mano de Alberto Ruiz-Gallardón en la Comunidad de Madrid, primero como director general de Tributos y después con otros cargos en el segundo escalafón. Pero el gran ascenso se lo debe a la rival política de Gallardón: Esperanza Aguirre lo hizo consejero de Hacienda. Con Ayuso llegó a vicepresidente de la Comunidad, hasta la mayoría absoluta que la dirigente aprovechó para deshacerse de todo su gabinete y poner caras nuevas en todos los departamentos. Sin ser un pata negra del PP, Ossorio medró con todos los sectores del partido en Madrid y 20 años después ahí sigue, ahora como segunda autoridad de la región.
En la bancada de la oposición cunde la sospecha de que la presidencia de la Asamblea no es solo un premio a su fidelidad, sino una forma de blindarlo si el caso de la FP, donde un juzgado investiga adjudicaciones a dedo y contratos troceados ya con varios responsables imputados, escala a la primera línea de la Administración regional.
Varias de las adjudicaciones irregulares que se investigan tuvieron lugar durante la época en la que Ossorio era consejero de Educación y Ayuso presidenta. Esas mismas razones, la lealtad y las precauciones legales, según las mismas fuentes, llevaron a otra alto cargo de aquella consejería en la que se troceaban contratos y se adjudicaban a dedo a la cartera de Economía en el actual Gobierno: Rocío Albert.
De trato correcto, muy alejado de los modales de otros lugartenientes de Ayuso como su secretario general, Alfonso Serrano, Ossorio es más que cualquier otra cosa el cancerbero de la presidenta, coinciden las fuentes consultadas. “Ni una mala palabra ni una buena acción”, resume su relación una diputada de otro grupo que ha tratado mucho con él.
De su época como consejero de la Comunidad queda una intervención suya en la que trató de responder a las organizaciones que denuncian un aumento de la pobreza y la desigualdad en Madrid. Sobre el diagnóstico de Cáritas, Ossorio dijo que él no veía por la calle a todos esos pobres que señalaba su informe.
Sin mucha autonomía para dirigir los Plenos (a su lado han colocado a una íntima de Ayuso, su poliimputada secretaria de Organización Ana Millán), durante estos dos años se han frustrado todo tipo de debates conflictivos para el PP. Pero lo que provoca urticaria a Ossorio es todo aquello que pueda incomodar a la líder madrileña. Intentó que no se pudiesen mencionar en la Asamblea asuntos familiares, una forma de silenciar los escándalos de comisiones del hermano de la presidenta y el fraude fiscal de la pareja. Dio órdenes a un bedel para que retirase una bandera palestina de un escaño de Más Madrid, en pleno genocidio en Gaza.
Incluso se sacó de la manga una supuesta resolución de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, una organización oficiosa, para vetar que se pudiera aludir en los debates a los miembros de la Mesa. Según Ossorio, porque al estar moderando los plenos, no se pueden defender. Acabó dando marcha atrás a esa idea.
Ahora, después de que el Tribunal Constitucional haya concluido que la Mesa de la Asamblea que preside vulneró un artículo de la Carta Magna y lesionó los derechos políticos de la oposición, Ossorio deberá decidir si levanta los vetos y permite discutir de Quirón, de la pareja de Ayuso, de los contratos en la pandemia que originaron las comisiones de su hermano, y de su plenipotenciario jefe de gabinete. Asuntos todos delicadísimos para su presidenta. El hombre que logró ser alto cargo con Gallardón y ascender todavía más con Aguirre, debe decidir si obedece al Constitucional o a Ayuso, la dirigente que lo encumbró como segunda autoridad de Madrid.