El ‘quilombo’ que Trump necesita resolver para atraer millones de dólares en inversiones para Venezuela
Los inversionistas que buscan participar en los planes de la Casa Blanca para reactivar la economía petrolera de Venezuela corren el riesgo de adentrarse en un campo minado político y legal por la cuestión del reconocimiento diplomático.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, no es reconocida oficialmente por Estados Unidos ni por otros países como la autoridad legítima de Venezuela. En su lugar, ese reconocimiento sigue correspondiendo —al menos sobre el papel— a miembros de la Asamblea Nacional liderada por la oposición, que fueron electos hace más de una década.
Este estatus de reconocimiento, que parece chocar con el respaldo explícito del presidente Donald Trump a Rodríguez, implica que las empresas podrían enfrentarse en tribunales estadounidenses a abogados que representan a políticos opositores que en su mayoría viven en el exilio, en caso de disputas legales sobre sus inversiones.
Además, cualquier contrato firmado con entidades estatales venezolanas —incluida la petrolera nacional— podría ser anulado por un futuro gobierno decidido a impugnar la constitucionalidad y legitimidad de Rodríguez.
Más aún, los tribunales de Estados Unidos que tratan casos vinculados a millas de millones de dólares en activos venezolanos en disputa siguen la postura diplomática oficial del gobierno estadounidense, por lo que la oposición continúa representando al país en litigios en curso contra decenas de acreedores, demandantes en arbitrajes y otros reclamantes, como ocurre desde hace años.
“La preocupación aquí es que, si en 10 días Delcy Rodríguez deja de ser presidenta interina y entra como González, y González dice: ‘No vamos a reconocer ninguno de esos contratos que ustedes acaban de firmar porque no fueron suscritos por un representante legítimo del gobierno venezolano’”, dijo Ingrid Brunk, catedrática de derecho internacional en la Universidad de Vanderbilt, en referencia a Edmundo González, el diplomático exiliado que es ampliamente considerado el verdadero ganador de las controvertidas elecciones de 2024, según un conteo independiente de votos.
¿Por qué invertir en Venezuela sigue siendo un riesgo para las empresas?
Hasta que Estados Unidos no resuelva este tema de reconocimiento, es poco probable que Venezuela atraiga la inversión de largo plazo que necesita con urgencia, ya que las empresas evitan acuerdos que serán difíciles de hacer valer en tribunales estadounidenses, uno de los múltiples riesgos que evalúan en un país que alguna vez fue visto como una democracia estable y próspera, señalan expertos legales. Los acreedores no podrán reestructurar deudas impagas. Y para la administración de Rodríguez, el acceso a millas de millones de dólares en activos venezolanos en el exterior —incluidas cuentas bancarias congeladas, reservas de oro en el Banco de Inglaterra y Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional— seguirá siendo esquivo.
El desfase en el reconocimiento se vuelve cada vez más evidente a medida que el nuevo liderazgo de Venezuela avanza con rapidez para revertir décadas de legislación estatista y atraer nuevamente a los inversionistas. Entre las reformas propuestas figura permitir el arbitraje internacional en disputas contractuales, una medida que ayudaría a restaurar la confianza al evitar el sistema judicial politizado del país. Sin embargo, en Estados Unidos, esa medida no podría implementarse hasta que Washington reconozca al gobierno de Rodríguez.
Incluso en días recientes, el reconocimiento estadounidense “ha sido explícito y reiteradamente reafirmado” en “declaraciones de interés presentadas por el gobierno de EE.UU. ante tribunales estadounidenses”, afirmó Dinorah Figuera, presidenta de la asamblea paralela liderada por la oposición, con sede ahora en España.
En respuesta a una consulta sobre el tema del reconocimiento, un portavoz del Departamento de Estado dijo que la administración Trump “continúa trabajando con las autoridades interinas para estabilizar Venezuela” en un plan de tres etapas delineado por el secretario de Estado, Marco Rubio.
El legado de las sanciones de Trump sobre Venezuela
Las raíces del dilema se remontan a 2019, cuando la primera administración Trump impuso sanciones petroleras a Venezuela y retiró el reconocimiento al entonces hombre fuerte Nicolás Maduro, para otorgárselo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario legítimo invocando una disposición constitucional. Estados Unidos cerró su embajada en Caracas y los diplomáticos venezolanos se retiraron de Washington
Decenas de otros países siguieron la postura estadounidense. Aunque Guaidó se encontraba en Caracas, gran parte de su gobierno paralelo vivía en el exterior o terminó exiliándose, frecuentando el Congreso y centros de estudio influyentes en la capital estadounidense. Con el aumento del hostigamiento oficial, Guaidó acabaría marchándose también.
En ese período, el gobierno paralelo creó juntas ad hoc en el exilio para supervisar los activos internacionales de la estatal Petróleos de Venezuela SA y del banco central. Estas juntas siguen activas en tribunales estadounidenses. De manera crucial, el primer gobierno de Trump otorgó al gobierno paralelo acceso a más de 300 millones de dólares de fondos del Banco Central de Venezuela congelados en el sistema bancario estadounidense.
La entidad paralela más visible es la junta ad hoc de PDVSA, que representa a la empresa en una batalla judicial de años por las acciones de Citgo Petroleum Corp., la refinería con sede en Houston que constituye el activo extranjero más valioso de Venezuela. Una subasta ordenada por la justicia sobre esas acciones está cerca de alcanzar un desenlace final.