La Abogacía Española expulsa de su directiva al decano de Madrid Eugenio Ribón entre acusaciones de impago

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido dejar fuera de sus órganos directivos a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según informa este organismo, Ribón será sustituido en la vicepresidencia por la decana de Barcelona y también se queda fuera de la comisión permanente. Un movimiento que llega en el momento más tenso de las relaciones entre ambos organismos: el Consejo ha demandado por impagos al colegio madrileño por disminuir unilateralmente la cuota que aporta cada trimestre y, además, ha decidido no cobrar la tasa de nueva incorporación a los nuevos colegiados.

Ambas instituciones mantienen un enfrentamiento económico desde hace un año que ha terminado en los tribunales con una demanda por impago interpuesta por el Consejo contra el ICAM. Antes de eso, en diversas entrevistas, el propio Ribón había explicado que sus “desencuentros” con el CGAE, que ahora preside Salvador González, eran “evidentes” desde hace casi tres años. En este último curso, según explican fuentes conocedoras del conflicto, las discusiones se habían trasladado al terreno económico.

Fue a principios de 2025, explican estas fuentes, cuando el ICAM decidió que este colegio de la abogacía, el mayor de toda Europa, iba a disminuir la cuota que pagaba al CGAE. Un dinero que sale de las cuotas que pagan los afiliados y que se destina a financiar la actividad del Consejo a nivel estatal. Esta disminución de los pagos se ejecutó y el pleno del Consejo decidió en julio presentar una demanda por impago contra el ICAM por la vía civil. A nivel interno, en las juntas del ICAM, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares.

En paralelo, indican estas fuentes, el curso 2026 ha arrancado con otro agravio económico con el ICAM anunciando en los presupuestos de 2026 que no exigirá a los nuevos afiliados el pago de la tasa de incorporación que va destinada al CGAE pero que pueden gestionar y recaudar los colegios autonómicos.

En ese contexto de enfrentamiento, aunque sin aludir directamente a ello, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en Cuenca renovar la estructura de su organización y su comisión permanente. Eugenio Ribón es destituido como miembro de esta comisión y como vicepresidente del organismo. Ocupará el puesto de vicepresidenta primera Cristina Vallejo, decana de Barcelona, y como vicepresidente segundo ejercerá Leandro Cabrera, decano de Granada.

La acusación contra el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con más de 74.000 colegiados, tuvo un papel protagonista en la causa judicial que desembocó en el juicio y la condena contra Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, a través del propio Ribón, fue el primero en presentar una denuncia conta la Fiscalía en los juzgados de Madrid y llegó a pedir cuatro años de prisión para García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.

Ese papel como acusación popular se tradujo en peticiones de dimisión contra Ribón por parte de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que acusó al ICAM de buscar la “impunidad” de la pareja de Ayuso en su caso de fraude fiscal, todavía pendiente de juicio. El ICAM aseguró que siempre ejerció su papel en ese caso al margen de cuestiones “políticas y personales”. Su papel en la causa también fue cuestionado por los cursos para abogados organizados en fechas próximas al juicio y en los que participaron tres de los magistrados que formaron el tribunal y apostaron por condenar a García Ortiz, tal y como reveló elDiario.es. Dos de ellos incluso bromearon con que en esas fechas estaban en plenas deliberaciones.

A lo largo del juicio y de la instrucción el propio Ribón esgrimió su papel como vicepresidente de la Abogacía Española para legitimar la denuncia que habían presentado contra la Fiscalía y la acusación popular que ejercían contra García Ortiz en el proceso. Una vicepresidencia que acaba de perder según acaba de decidir el pleno del Consejo General de la Abogacía Española.