¿Quién conoce a Julia Chuñil?
Durante los últimos días, el caso de doña Julia Chuñil ha sido presentado como si finalmente hubiese encontrado una explicación definitiva. El giro de la investigación —que apunta a un crimen ocurrido en el ámbito intrafamiliar— ha sido utilizado por algunos sectores para afirmar que nunca se trató de una defensora ambiental ni de un caso vinculado a la defensa de derechos humanos. Como si dos verdades no pudieran coexistir. Como si la forma de su muerte pudiera borrar el sentido político de su vida.
Este movimiento discursivo no es inocente. Busca cerrar el caso no solo en términos penales, sino también simbólicos: despojar retrospectivamente a Julia Chuñil de su condición de defensora del territorio, reduciéndola a la figura de una mujer campesina dedicada a su vida privada. Esta reducción dice más de nuestros estereotipos que de la realidad, y deja al descubierto los marcos desde los que miramos este caso.
Antes de preguntarnos cómo murió Julia Chuñil, quizá debiéramos mirar con más atención cómo vivió. Su vida estuvo marcada por el abandono, la precariedad y la exclusión desde la infancia. Ella misma relató haber sido criada fuera de su familia, haber trabajado desde muy joven en condiciones de extrema precariedad, dormir bajo una mesa o junto a los animales y experimentar formas persistentes de maltrato. Esa historia no es excepcional: es compartida por muchas mujeres mayores indígenas del mundo rural en Chile, cuyas trayectorias vitales han estado atravesadas por la desigualdad y la invisibilización, y que hoy enfrentan nuevas formas de vulnerabilidad en la vejez.
Un falso dilema: crimen intrafamiliar versus defensa de derechos
Aceptar —incluso provisionalmente— la hipótesis investigativa que hoy se conoce no implica negar el rol que Julia Chuñil desempeñó durante años. La defensa de derechos humanos no se define por el móvil último de un crimen, sino por las prácticas, luchas y responsabilidades asumidas en vida.
Sostener que, porque su muerte no se habría vinculado directamente con una reivindicación territorial, Julia Chuñil dejaría de ser una defensora ambiental supone una comprensión estrecha y errada de lo que significa defender derechos humanos. Bajo esa lógica, solo merecerían ese reconocimiento quienes mueren por causas “claramente políticas”, visibles y fácilmente narrables, dejando fuera formas de defensa cotidianas y persistentes, profundamente arraigadas en el territorio.
¿Qué entendemos por defensora de derechos humanos?
Doña Julia Chuñil tenía 72 años al momento de su muerte. Fue presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel, constituida en 2010 en la comuna de Máfil. Habitaba prácticamente sola novecientas hectáreas de bosque nativo, enfrentando procesos de deforestación y sosteniendo en condiciones precarias una reclamación por un sitio ancestral de enorme valor para su comunidad: un cementerio indígena.
“Casa por casa, junté a mi gente”, relataba.
“Yo estoy luchando por mi cementerio”, decía también.
¿Por qué razón exigimos que la defensa del territorio, de la memoria y de la comunidad adopte las formas estereotipadas del activismo contemporáneo para ser reconocida como tal?
El derecho internacional ha advertido reiteradamente que las mujeres indígenas defensoras del ambiente enfrentan riesgos agravados y estereotipos persistentes orientados a deslegitimar su trabajo. Con frecuencia no se reconoce la legitimidad pública de sus acciones; se las confina al
ámbito de lo doméstico, de lo privado, de lo invisible. Julia Chuñil encarna precisamente esa figura: la defensora que no porta pancartas, pero sostiene procesos comunitarios; la que no aparece en portadas, pero resiste en el territorio.
Estereotipos que operan —y que dañan
En este caso han operado estereotipos profundamente arraigados. En particular, un estereotipo interseccional que fija el rol esperado de una mujer mayor, rural e indígena: una figura a la que se le niega autoridad y cuya palabra pierde peso en el espacio público. Desde ese lugar, su liderazgo se vuelve difícil de reconocer y su trabajo cotidiano como cuidadora y defensora de la vida, del territorio y de su comunidad queda reducido a lo invisible.
No es casual, entonces, que se haya afirmado públicamente que “no hay pruebas” de que Julia Chuñil haya sido activista ambiental, describiéndola ante todo como una mujer dedicada a su familia y a labores agrícolas. Esa caracterización no es neutra: delimita qué acciones merecen reconocimiento público y cuáles se consideran irrelevantes, privadas o carentes de valor colectivo.
Los medios de comunicación forman parte de este proceso. Al seleccionar qué aspectos destacar y cuáles omitir, contribuyen a moldear los marcos desde los que se interpreta el caso. Así, más que limitarse a informar, pueden reforzar la despolitización, la estigmatización y, en última instancia, el abandono.
Una pregunta abierta
La historia de Julia Chuñil no puede cerrarse únicamente en clave penal. Su vida —marcada por la violencia estructural, la precariedad y también por la lucha— nos empuja a una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿a quiénes estamos dispuestos a reconocer como defensoras y defensores de derechos humanos en Chile?
¿Solo a quienes encajan en una imagen joven, urbana y mediática del activismo? ¿O también a mujeres mayores, indígenas, empobrecidas, que defienden la vida, el territorio y la memoria desde la intemperie?
Y, más aún: ¿cuántas Julias Chuñiles existen hoy en Chile —mujeres mayores indígenas del mundo rural, marcadas por la exclusión en la infancia y expuestas al maltrato en la vejez— cuyas luchas no reconocemos como políticas ni como dignas de protección?
Escuchar la voz de Julia Chuñil —recogida, entre otros espacios, en el documental Testimonios de Máfil— no es un gesto simbólico. Es una forma mínima de justicia. Porque negar su rol no solo empobrece la comprensión de su historia; empobrece, también, nuestra idea misma de derechos humanos.
Por María Gabriela Valenzuela Robles, abogada e investigadora doctoral de la Universidad de Erlangen-Núremberg, Alemania.