El centro de migrantes de Pozuelo seguirá abierto mientras la Justicia decide si la licencia permite la acogida
El centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de Pozuelo de Alarcón continuará acogiendo a refugiados hasta que la justicia decida si el espacio cumple con la normativa para desempeñar esta función. Aunque el centro estaba bajo amenaza de cierre por el Ayuntamiento del municipio, la orden queda paralizada por ahora. Esto se debe al recurso interpuesto por el Gobierno central en el que se solicitaron medidas cautelares para evitar la expulsión de las personas que son atendidas en estas instalaciones mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Por ahora, las 70 personas que ocupan el centro: familias ucranianas y mujeres afganas con sus hijos en situación de asilo, podrán seguir recibiendo atención psicosocial inmediata hasta su derivación a otro recurso. «La Justicia ha evitado el desalojo de las familias que estaban acogidas y llevan meses sometidas a una gran incertidumbre, desde que el Ayuntamiento de Pozuelo inició este procedimiento», han manifestado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las instalaciones continuarán prestando servicio hasta que un juez aclare si se puede desarrollar esta labor en esta ubicación.
El pasado 31 de julio el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, dirigido por Paloma Tejero, ordenó el cierre del centro de migrantes de la localidad. La decisión del consistorio se basó en la falta de licencia para funcionar como albergue y por superar la capacidad de acogida. «Este espacio tiene un uso que nada tiene que ver con el que el Gobierno ha venido haciendo y mucho menos aún con lo que pretendía hacer trasladando menores no acompañados», señaló el Ayuntamiento al decretar esta medida.
Tras ello, se declaró una moratoria de cuatro meses para que el Ministerio de Migraciones reubicara a las personas que permanecían en este espacio. Este plazo finalizó en septiembre, sin embargo, el Gobierno central optó por la vía judicial para paralizar la actuación del Ayuntamiento. Así, se interpuso un recursos en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid solicitando como medida cautelar la suspensión de la orden de cierre.
De esta forma, el centro para migrantes continuará funcionando hasta que se solucione el fondo de la cuestión y un juzgado exponga si puede destinarse como espacio de acogida. Las instalaciones de Pozuelo de Alarcón se pusieron a disposición de la administración central a consecuencia de la guerra de Ucrania en marzo de 2022 para atender a las personas que salieron del país. Desde este momento, esta ubicación se convirtió en uno de los puntos de atención permanente gestionados por el Ministerio en la región.
«El centro nació con unas 400 plazas iniciales sin que el Ayuntamiento emitiese crítica alguna hasta hace unos meses», han apuntado fuentes del Ministerio. El conflicto entre administraciones se produjo tras anunciar el Gobierno central en julio del año pasado que emplearía las instalaciones para atender a 400 menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias. Ante este planteamiento el Ayuntamiento de Pozuelo se opuso a la decisión y expuso la falta de idoneidad del recurso al no disponer de la licencia necesaria. Desde entonces se han sucedido las discrepancias administrativas, hasta derivar en la vía judicial.