El juez suspende el cierre del centro de inmigrantes de Pozuelo hasta que tome una decisión sobre el litigio

El juzgado de lo Contencioso número 16 de Madrid ha ordenado suspender el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade), que había ordenado para esta semana el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. La alcaldesa, Palomoa Tejero (PP) sostiene que el edificio, gestionado por el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, carece de licencia municipal para ese uso y advierte, además, del riesgo de «hacinamiento» para estas personas. Desde el consistorio afirman que respetan, aunque no comparten, el fallo provisional del magistrado, y anuncian que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) De este modo, se han aceptado las medidas cautelares del Gobierno central contra la clausura municipal, eso sí, hasta que el juzgado entre en el fondo del asunto y dicte una sentencia al respecto, ha informado el ministerio. Durante este periodo, el Creade podrá continuar prestando servicio con normalidad y las personas acogidas mantendrán su alojamiento y atención en las condiciones actuales. Se trata, por un lado, de familias de refugiados ucranianos y, por otro, de inmigrantes procedentes de Canarias en su mayoría, subsaharianos y peticionarios de asilo, como ha venido informando ABC. El departamento de Elma Sainz niega la sobreocupación y sostiene que está a un 17% de su ocupación. El centro realmente es una antigua escuela de formación de la Tesorería de la Seguridad Social, con unas plazas para estancias cortas para quienes acudieran a hacer algún curso. Pero en marzo de 2022, cuando comenzó la emergencia humanitaria por la ocupación rusa de Ucrania, se reabrió para atender a los desplazados, con 400 plazas iniciales. En la actualidad, agregan las fuentes gubernamentales, hay 70 personas dentro (en diciembre eran 125), todas ellas correspondientes a familias con niños ucranianos con protección temporal, así como varias mujeres afganas con sus hijos, en situación de asilo. El Ejecutivo , a través de la Abogacía del Estado, interpuso el pasado mes de noviembre un recurso contencioso-administrativo con la petición de medidas cautelares contra el cierre del Creade de Pozuelo, ordenado en septiembre por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, con un plazo de cuatro meses para realojar a las 400 personas que allí residían. El ayuntamiento de Paloma Tejero, por contra, dice que el edificio solo tiene licencia de 270 camas para estudiantes de los mencionados cursos, y no como centro de inmigrantes: «Este mismo verano, la Secretaría de Estado autorizó 564 plazas y reconoció que en ese momento la ocupación real superaba las 400 personas (403), procedentres de distintas partes del mundo». Pozuelo, además, incide en que este fallo judicial llega apenas 24 horas después de la presentación de sus alegaciones para decretar el cierre del Creade.