“Información, aprendizaje y desigualdad: los focos rojos rumbo a 2030”
En las últimas semanas se han publicado documentos clave que obligan a una reflexión de fondo sobre el rumbo de la educación en México. No se trata solo de si llegaremos o no a las metas educativas de la Agenda 2030, sino de cómo y para quiénes estamos construyendo el sistema educativo.
El diagnóstico es claro: el mayor riesgo ya no está únicamente en el acceso a la escuela, sino en la incapacidad del sistema para garantizar aprendizajes efectivos. México se encuentra hoy en un grupo de alto riesgo global, no porque falten niñas y niños en las aulas, sino porque no estamos logrando que aprendan lo indispensable para ejercer su derecho a una vida digna.
El más reciente reporte sobre el estado de la educación del Instituto de Estadística de la UNESCO identifica para México cuatro focos rojos que no podemos seguir ignorando. El primero es el estancamiento de los aprendizajes básicos. La mayoría de los estudiantes no están adquiriendo las competencias mínimas en lectura y matemáticas. Menos de cuatro de cada diez niñas y niños alcanzan los niveles básicos, y los datos disponibles —concentrados en 2019— muestran un rezago persistente. La Meta 4.1 será difícil de cumplir mientras el sistema no logre traducir la asistencia escolar en aprendizajes reales.
El segundo foco rojo son las debilidades en las políticas para la primera infancia. Una proporción importante de niñas y niños pequeños no presenta un desarrollo adecuado en salud y bienestar y, desafortunadamente, esas desventajas iniciales se reflejan más adelante en aprendizajes medibles. Aunque existen avances presupuestales, sigue faltando una cobertura verdaderamente universal y el cumplimiento efectivo de la obligatoriedad en educación inicial y preescolar. Lo que no se garantiza en los primeros años compromete el desempeño posterior y profundiza las desigualdades desde el origen.
La tercera alerta tiene que ver con la ausencia de información pública, actualizada y comparable, especialmente sobre la formación docente. Los últimos datos disponibles sobre cualificación mínima corresponden a 2021 y hoy no sabemos si las maestras y los maestros cuentan con la preparación necesaria para implementar la Nueva Escuela Mexicana. Esto no implica desconfianza hacia el magisterio, sino una carencia institucional grave: sin información, no es posible acompañar, fortalecer ni reconocer la labor docente con evidencia.
La falta de información educativa tiene además una dimensión profundamente política. Mientras existen sistemas rigurosos para vigilar a los hogares más pobres, persiste una opacidad preocupante sobre el uso y el impacto de los recursos educativos. Sin evidencia no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas se perpetúan decisiones que no corrigen las brechas de aprendizaje.
El cuarto foco rojo es una crisis transversal de datos e infraestructura. Sin evaluaciones sistemáticas ni registros continuos, resulta imposible ajustar políticas públicas o garantizar el derecho a aprender. A ello se suma que muchas escuelas siguen operando sin servicios básicos como agua, electricidad o conectividad, con información fragmentada y desactualizada sobre sus condiciones reales. Desde 2013, México no cuenta con un censo integral de infraestructura educativa alineado con el derecho a un espacio digno de aprendizaje.
Estas carencias afectan de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Ahí donde el Estado no garantiza condiciones mínimas ni apoyos pedagógicos, la desigualdad se reproduce generación tras generación.
Durante décadas, México logró avances significativos en cobertura escolar. Hoy el reto es otro: garantizar que todas y todos aprendan, independientemente de su origen social. Cuando el sistema público no asegura aprendizajes básicos, la educación deja de ser un motor de movilidad social y se convierte en un mecanismo de reproducción de la desigualdad, mientras quienes pueden pagar acceden a opciones educativas de mayor calidad.
El panorama no invita al fatalismo, sino a la urgencia de una acción colectiva informada. Recuperar sistemas de evaluación, fortalecer la transparencia de los datos, invertir en la primera infancia y acompañar a las y los docentes con formación pertinente no son medidas punitivas, sino condiciones básicas para cumplir el derecho a aprender.
2026 es un año bisagra. Estamos a medio camino de la Agenda 2030 y cada año sin información, sin evaluación y sin decisiones correctivas reduce el margen de acción. Si de verdad queremos llegar a 2030 con resultados distintos, necesitamos asumir que sin información no hay mejora, y sin aprendizajes no hay justicia educativa. El reloj avanza, pero todavía estamos a tiempo de decidir si la educación será una promesa incumplida o el cimiento de un país más equitativo.