El nuevo costo de operar en México: fiscalización en 2026
El Paquete Económico 2026 es mucho más que una discusión de proyecciones de crecimiento, inflación o precio del petróleo. Detrás de las cifras hay un mensaje contundente para el sector privado: el énfasis del próximo año estará en la recaudación, la fiscalización y el control. Para las empresas, la pregunta ya no es cuánto pagarán en materia de impuestos, sino bajo qué reglas y con qué riesgos operarán.
El marco macroeconómico aprobado descansa sobre un crecimiento proyectado de entre 1.8 y 2.8 por ciento, una inflación de 3 por ciento y un tipo de cambio promedio de 19.3 pesos por dólar. Estos son supuestos optimistas para una economía que enfrenta desafíos en inversión, productividad y Estado de derecho. En ese contexto, el Estado busca cerrar espacios a la evasión y reforzar la supervisión. Esto obliga a transitar del cumplimiento formal hacia una gestión fiscal estratégica y preventiva.
Los cambios al IEPS se han justificado bajo el discurso de la salud pública; sin embargo, en la práctica responden principalmente a una lógica recaudatoria. Para las empresas, esto implica revisar precios y portafolios, pero también medir con cuidado su exposición al mercado ilegal, que tiende a expandirse cuando los incrementos impositivos no van acompañados de una vigilancia efectiva. No es un riesgo menor: de acuerdo con el 7° Estudio de Piratería en México: Diagnóstico Empresarial, el 68% de las empresas ha detectado piratería en al menos dos de las categorías en las que participa, y en el 87% de los casos dicha actividad se identifica hasta etapas tardías de la cadena, particularmente en el punto de venta.
La economía digital enfrenta un giro mayor. El SAT podrá exigir a plataformas extranjeras acceso en tiempo real a su información fiscal, uno de los mecanismos más ambiciosos en materia de supervisión digital. La posibilidad de bloquear servicios en caso de incumplimiento introduce riesgos operativos para compañías que dependen de estas plataformas. Su implementación requerirá sistemas compatibles y estándares de interoperabilidad. Esto convierte la relación con proveedores digitales en una decisión estratégica, no administrativa.
El Código Fiscal incorpora la transformación más profunda del paquete. Se refuerza la verificación de que los comprobantes correspondan a operaciones reales y se amplían las facultades para restringir o cancelar sellos digitales. Además, podrá negarse la inscripción en el RFC cuando socios o representantes estén vinculados con prácticas irregulares. Esto eleva los estándares de documentación y trazabilidad. La materialidad deja de ser un criterio interpretativo y se convierte en un requisito operativo permanente.
A ello se suma el nuevo esquema para garantizar créditos fiscales. Las empresas deberán ofrecer primero un billete de depósito, es decir, inmovilizar recursos antes de que concluya un proceso de defensa. Solo después podrán usar otros instrumentos financieros. Esto incrementa el costo de cualquier controversia y fortalece la posición recaudatoria del Estado. Para las empresas, la consecuencia directa es la necesidad de expedientes sólidos y una evaluación más cuidadosa sobre litigar o conciliar.
Pese al contexto más estricto, el paquete incorpora incentivos. La repatriación de capitales permitirá traer recursos del extranjero con una tasa preferencial si se invierte en proyectos productivos durante tres años. Esto puede apoyar procesos de expansión sin recurrir a deuda más costosa. Para compañías con ingresos menores a 300 millones de pesos, la regularización de adeudos sin multas ni recargos abre la puerta a sanear su situación y liberar capacidad de operación. Son herramientas que funcionan si se integran a una estrategia financiera sólida.
En resumen, el Paquete Económico 2026 redefine la relación entre las empresas y la autoridad fiscal. Pagar a tiempo ya es insuficiente: ahora se requiere operar con trazabilidad, demostrar cada operación y anticipar la carga financiera de una posible controversia. La fiscalización será más tecnológica e inmediata. Las organizaciones que se adelanten, fortalezcan sus controles y documenten correctamente cada decisión estarán mejor posicionadas para competir. El cumplimiento deja de ser un mero trámite y se convierte en parte central de la estrategia empresarial en México. ¿Quién va a pagar los costos de esto? El consumidor.