La Unión Progresista de Fiscales anuncia que ha recaudado el dinero para pagar la condena económica de García Ortiz
La asociación que llegó a presidir el ex fiscal general explica que ha alzando "íntegramente" el importe para abonar los 7.200 euros de multa que impuso el Tribunal Supremo así como la indemnización de 10.000 euros que debe pagar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso
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La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha anunciado que “se ha alcanzado íntegramente el importe necesario” para pagar la sanción económica que el Tribunal Supremo (TS) impuso al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en su condena por revelar secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un comunicado de este jueves, la asociación ha indicado que “decenas de fiscales de todos los territorios y categorías” han respondido a un llamamiento “que no era económico, sino ético”, en referencia a la campaña de recaudación que abrió hace justo un mes para apoyar a García Ortiz en el abono de la multa de 7.200 euros y la indemnización de 10.000 euros que sentenció el Supremo, además de los dos años de inhabilitación para el cargo.
“Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, ha señalado UPF, que ha venido defendiendo la actuación e inocencia del ex fiscal general.
Colaboración de ciudadanos
Además, desde UPF han informado de que han recibido “mensajes de ciudadanos y ciudadanas que, sin pertenecer al Ministerio Fiscal”, se han puesto en contacto con ellos “para manifestar su deseo de colaborar”, como “así finalmente han hecho”.
“Álvaro García Ortiz asumió en primera persona una responsabilidad institucional que protegía a la Fiscalía en su conjunto. Hoy, la respuesta solidaria demuestra que esa responsabilidad no fue en vano. Defender a un compañero en estas circunstancias es también defender la dignidad del servicio público, la independencia profesional y la idea de que la justicia nos concierne a todos”, concluyen en el comunicado.
La asociación, a la que perteneció el ex fiscal general, lanzó hace justo un mes una campaña de colaboración “de carácter estrictamente voluntario y solidario” con el fin de alcanzar “el abono de las responsabilidades económicas derivadas” de la condena del TS.