Oficialismo inicia ofensiva legislativa para derogar la “legítima defensa privilegiada” de la Ley Nain-Retamal
Parlamentarios oficialistas presentaron proyectos de ley independientes que buscan derogar los párrafos de la Ley Nain-Retamal que establecen la “legítima defensa privilegiada” para agentes del Estado. Ambos plantean que la normativa vigente debilita el control judicial, vulnera derechos humanos y entra en conflicto con estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Proyecto 1: liderado por Tomás Hirsch y parlamentarios oficialistas
La iniciativa, encabezada por Tomás Hirsch (AH), junto a Ana María Gazmuri (AH), Maite Orsini (FA), Carmen Hertz (PC) y Matías Ramírez (PC), propone derogar los párrafos 3º, 4º, 5º y 6º del numeral 6° del artículo 10 del Código Penal.
Hirsch afirmó que la ley vigente “ha producido un daño incalculable en nuestro país al respeto, cuidado y protección de los derechos humanos” y agregó que la “legítima defensa privilegiada” chilena “contraviene normas internacionales y opera como barrera para calificar si el medio empleado fue realmente el último recurso disponible”.
Por su parte, la diputada Maite Orsini explicó que la presunción legal “traslada la carga de la prueba hacia la víctima, generando revictimización institucional y dificultando que se haga justicia en casos de violencia estatal”.
Ana María Gazmuri contextualizó la propuesta recordando que la ley se aprobó en un momento de alta tensión en seguridad pública, tras el asesinato de tres carabineros, la normativa “no era la respuesta adecuada y hoy vemos que teníamos razón”, señaló.
La parlamentaria, advirtió sobre los efectos de la ley vigente, citando el caso de Gustavo Gatica. “Hoy vemos que, habiéndose acreditado que Crespo cegó a Gustavo Gatica, queda impune. Eso altera cualquier orden democrático y cualquier estándar de respeto a los derechos humanos”, expuso.
La diputada recalcó que la derogación es urgente para corregir un error que “institucionaliza la impunidad en Chile, permitiendo un actuar desproporcionado amparado en la legítima defensa privilegiada”. Asimismo, enfatizó que no solo se trata del caso de Gatica, sino también de abrir la puerta a revisar las pocas condenas hacia funcionarios policiales que han violado derechos humanos.
El proyecto aclara que no elimina la legítima defensa tradicional ni crea nuevos delitos, sino que busca restablecer la responsabilidad penal de los agentes del Estado y fortalecer el control judicial sobre el uso de la fuerza.
Proyecto 2: diputadas y diputados del PC
En paralelo, las diputadas y diputados Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, María Candelaria Acevedo y Carmen Hertz presentaron otro proyecto que apunta a los mismos párrafos del artículo 10 del Código Penal, argumentando que la Ley Nain-Retamal “introduce una diferencia de trato injustificada, que vulnera la igualdad ante la ley y debilita la responsabilidad penal individual”.
“Presentamos esta iniciativa parlamentaria para poder derogar la presunción especial de legítima defensa establecida en la ley 21.560, la Ley Nain-Retamal, con el propósito de subsanar una norma que ha generado controversia, lo vimos hace muy poco en el caso Crespo y el diputado electo Gustavo Gatica, por lo que ha sido utilizada para justificar el denominado gatillo fácil y dejar mantos de impunidad”, señaló la diputada Nathalie Castillo a Radio y Diario Universidad de Chile.
La diputada del Partido Comunista por el 5° Distrito de la Región de Coquimbo, Nathalie Castillo.
“Así que esperamos que esta iniciativa en particular pueda avanzar con el propósito de asegurar el uso de la fuerza responsable, proporcional y bajo control judicial. Creemos que es un mínimo para poder avanzar en materia de seguridad y también de justicia para el futuro”, puntualizó.
El texto señala que la normativa “reduce el rol de la prueba y debilita la evaluación caso a caso que deben realizar los tribunales”, afectando principios básicos del derecho penal chileno y dificultando el esclarecimiento de hechos en casos de graves violaciones a los derechos humanos, como el mencionado caso de Gustavo Gatica.
Los parlamentarios que respaldan este proyecto enfatizan que la derogación “restablece el régimen general aplicable a todas las personas y fortalece el control democrático y jurisdiccional del uso de la fuerza”.
Artículo único en ambos proyectos: “Deróganse los párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del numeral 6° del artículo 10 del Código Penal, incorporados en la Ley N°21.560, que modifica textos legales para fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería de Chile”.
Ambas iniciativas hacen un llamado al Gobierno y a sus colegas legisladores para que los proyectos reciban discusión inmediata y sean despachados antes de marzo, asegurando que no se repitan situaciones que puedan generar impunidad frente a violaciones graves de derechos humanos.