El Gobierno plantea retrasar las 35 horas semanales para los funcionarios hasta que haya Presupuestos

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han salido, este miércoles, “muy decepcionados” de una reunión con el Ministerio de Función Pública. Desde el departamento que dirige Óscar López han planteado a las organizaciones sindicales que “lo idóneo para ellos es esperar a los Presupuestos Generales del Estado de 2026 e implantar así la jornada de 35 horas en la Administración General del Estado con rango de ley”, según han explicado estas en un comunicado.

En la práctica, esta posibilidad retrasaría la reducción de jornada, comprometida por el Ejecutivo en la reunión de mediados de diciembre para el próximo mes de marzo. Y lo haría, además, sine die, porque la aritmética parlamentaria y la negativa de Junts a apoyar cualquier iniciativa del PSOE hacen inviables, por el momento, unas nuevas cuentas. Pero, en el mejor escenario para el Gobierno, la aprobación de unos hipotéticos presupuestos para el año en curso se atrasaría, como mínimo, hasta junio.

Pese a la “decepción” de los sindicatos, tras unas semanas de buena sintonía con Función Pública, con la aprobación del nuevo acuerdo marco y una subida salarial del 11% acumulada hasta 2028, estos esperan más “certezas y avances” en el encuentro que mantendrán el próximo miércoles. De lo contrario, nos reservamos la posibilidad de emprender las acciones que consideremos oportunas para llevar a buen término estas materias del todo imprescindibles“, advierten.

La implantación de la semana de 35 horas en la Administración General del Estado era ya un compromiso del anterior acuerdo marco, que quedó pendiente y que ha sobrepasado, incluso, la firma del nuevo acuerdo plurianual. Como lo es también la jubilación parcial del personal funcionario y estatuario y la clasificación profesional. “Son compromisos incumplidos del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, cuya vigencia expiró en diciembre de 2024, y que resulta igualmente perentorio cerrar”, aclaran.

Otra de las tareas pendientes del Gobierno es recuperar la jubilación parcial del personal laboral, “un asunto prioritario” para las organizaciones, que la consideran “vital para poder continuar con la buena línea de negociación que se ha abierto con el nuevo equipo de Función Pública”. La entrada en vigor de la reforma de las pensiones, en abril de 2025, dejó en el limbo al personal laboral de las administraciones públicas, que podía acogerse a esta modalidad pero que con la nueva normativa debe esperar a que se convoquen y resuelvan procesos de oposición para los relevistas, con el decalaje temporal que implica.