El Gobierno retira 17 reformas del Plan de Recuperación para asegurar la entrega total de fondos europeos
La Unión Europea ha dado el visto bueno definitivo a la última adenda al plan del recuperación presentada por España, que intenta simplificar algunos objetivos para facilitar que se cumplan, ante la imposibilidad de cumplir algunos de ellos, y rebaja a 22.700 millones de euros los préstamos que solicitará el país, casi un 73% menos de los asignados inicialmente, que el Gobierno justificó en que la financiación en los mercados es más ventajosa que la ofrecida por Bruselas. Con esta adenda, y si cumple todos los hitos comprometidos, el volumen de subvenciones del plan que se va a entregar llegará a un total de 79.800 millones de euros, que el Ejecutivo prevé ejecutar al 100%, y del que ya se han recibido unos 55.000 millones.
Según se justifica en la adenda española, presentada junto a las Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suecia, esta revisión introduce ajustes para reducir cargas administrativas, por los que se habrían eliminado un total de 17 reformas con rango de ley, de las que 12 no estaban directamente vinculadas a recomendaciones específicas de la Comisión ni a retos estructurales identificados, mientras que otras cinco se sustituyen por medidas de similar ámbito y ambición en áreas prioritarias como vivienda o sanidad.
Así, por ejemplo, el hito relativo a la aprobación de la ley del suelo deja de estar ligado a los fondos europeos, mientras que en sanidad se sustituyen reformas legislativas por medidas concretas como la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública o la reorganización de determinados servicios. En otros ámbitos, como la inclusión social, se reemplazan reformas previstas por ajustes normativos vinculados al Ingreso Mínimo Vital.
Eso sí, Bruselas mantiene compromisos clave que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene complicado cumplir, por su inferioridad parlamentaria, como la subida de la fiscalidad al diésel, que continúa formando parte de los hitos pendientes, junto a otras reformas estructurales como la ley de movilidad sostenible o la normativa para prevenir el desperdicio alimentario, por lo que los fondos adscritos a estos hitos y otros pendientes podrían estar en peligro, en torno a 16.000 millones. La adenda contempla una inyección de capital de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para apoyar la financiación de la economía y mantiene inversiones en varias prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones, entre ellas aportaciones a programas europeos de supercomputación y proyectos vinculados a la transición energética.
En concreto, la evaluación de la Comisión detalla que España pidió enmendar 85 medidas que no eran alcanzables "parcialmente" por circunstancias objetivas, como la falta de demanda, la inflación o problemas en cadenas de suministros, así como otras 72 para simplificar su implementación o reducir la carga administrativa. Además, España ha pedido usar los recursos que liberarán estos cambios para incluir nuevas medidas, en particular relativas al apoyo comercial, al refuerzo de sus contribuciones al sistema de superordenadores EuroHPC y a la Agencia Espacial Europea, y de apoyo a la transición verde. También se utilizarán para reforzar inversiones, como el plan de mejora de la eficiencia del riego y los subsidios para proyectos estratégicos de vehículos eléctricos y para la descarbonización.
El Gobierno se ha mostrado satisfecho con esta aprobación porque establece una hoja de ruta que movilizará cerca de 103.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, lo que "garantiza el cumplimiento de los objetivos" para los que fue diseñado el plan, "una salida rápida y sin cicatrices de la crisis derivada de la pandemia", así como "la modernización del modelo económico y social del país".