Así funciona CIAF, la entidad encargada de investigar el accidente
En diciembre de 2007 se creó la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), entidad encargada de investigar técnicamente los accidentes graves y las incidencias que ocurran en España a nivel ferroviario, marítimo y de aviación civil. El objetivo es que su trabajo ayude a obtener conclusiones para la mejora de la seguridad en estos transportes «a partir del análisis de las causas de los accidentes e incidentes que se puedan producir».
Si bien es un organismo independiente, está adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, concretamente a la subsecretaría de este.
Tal y como recoge Efe, esta comisión defiende su independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario, y en su web se subraya que «en el desempeño de sus funciones, ni el personal ni los miembros del pleno podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada». Destacan a su vez su independencia en la «organización, estructura jurídica y capacidad decisoria respecto de los administradores de la infraestructura, de las empresas ferroviarias, o de cualquier organismo interesado». Hasta la creación de CIAF, que se encargaba de este tipo de investigaciones era la «Dirección General de Ferrocarriles», lo que ahora es la «Dirección General del Sector Ferroviario».
Ignacio Barrón de Angoiti es el actual presidente de CIAF, quien cuenta con 41 años de experiencia en Renfe, empresa que también llegó a dirigir, concretamente el área internacional y la oficina ubicada en Bruselas.
A la hora de realizar la investigación técnica, el procedimiento establece que se constituya un equipo integrado por un investigador encargado y, en su caso, por los investigadores que sean asignados al mismo, que deberán ser independientes. Este organismo actúa en pleno, que está integrado por el presidente; cinco vocales (uno de ellos el vicepresidente); y un secretario (que participará en las reuniones con voz pero sin voto).
Tras las investigaciones pertinentes se elaborará una propuesta de informe técnico, que después se llevará al pleno y que debe ser aprobado como informe final, especificando las recomendaciones de seguridad definitivas si las hubiera. «En el plazo más breve posible» (con un límite, en principio, de 12 meses desde la fecha del suceso) el informe se hará público. Este documento no determinará la culpa o la responsabilidad del suceso, y será independiente de cualquier investigación judicial.
Hasta el pasado mes de octubre, según la memoria de CIAF, en 2024 se habían notificado un total de 128 sucesos: 81 de ellos fueron accidentes, y dentro de estos hubo 20 descarrilamientos. Desde que hay registros (2008), el año pasado fue el año en el que más incidentes ferroviarios se registraron. En la actualidad hay abiertas seis investigaciones.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya fue la encargada de intentar esclarecer los hechos que ocurrieron en el año 2013 en Santiago de Compostela, cuando un tren Alvia descarriló y causó 80 muertos y más de 150 heridos. Sin embargo, la Agencia Ferroviaria Europea cuestionó el trabajo de CIAF, denunciando que el análisis realizado no era independiente y que «la obligación de investigar accidentes» no se cumplió de manera adecuada. Desde algunas plataformas de víctimas, de hecho, se pidió que el informe final se retirara de la causa judicial y se volviera a investigar el suceso desde el punto de vista técnico. La comisión, si bien «estudió» estas peticiones, no reabrió el informe, alegando que no había «nuevos datos ni información que justifique una reapertura del informe técnico del accidente». Su conclusión señaló que únicamente hubo responsabilidad del maquinista, debido al exceso de velocidad, lo que para la Agencia Ferroviaria Europea y para la Comisión de la UE «no entraba en las causas raíz» del accidente, como el diseño de la línea y la evaluación de riesgos en ella. La plataforma de víctimas interpuso una demanda por lo contencioso, que ahora se encuentra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.