Faride Raful llama a evitar alarmas sobre supuestos casos tráfico de órganos
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, llamó a la prudencia y a la responsabilidad al abordar públicamente temas sensibles como los supuestos casos tráfico de órganos, al tiempo que reiteró el compromiso del Estado en la lucha contra la trata de personas y el crimen organizado, especialmente en casos que involucran a menores de edad.
Al responder preguntas de periodistas sobre supuestos casos de este tipo surgidos a raíz de la desaparición de la niña Brianna Genao, la funcionaria explicó que los trasplantes de órganos son procedimientos de alta complejidad que requieren condiciones médicas, técnicas y humanas muy específicas, por lo que no pueden realizarse de manera improvisada ni por cualquier persona.
“Un trasplante implica compatibilidad con el receptor, una cadena de custodia estricta del órgano, quirófanos especializados y personal médico altamente capacitado. No es algo sencillo”, señaló Raful, al indicar que hasta el momento no se ha constatado la existencia de una red con la logística necesaria para realizar tráfico de órganos en el territorio nacional.
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La ministra advirtió que generar alarma sin evidencias concretas resulta irresponsable y constituye una falta de respeto tanto para la ciudadanía como para las autoridades que trabajan de forma permanente en la prevención y persecución del delito. “Inquietar a la población sin tener la verdad en las manos es inconsecuente”, sostuvo.
En cuanto a la trata de personas, Raful afirmó que el Gobierno mantiene una labor coordinada con la Procuraduría General de la República, la Dirección Especializada de Trata de Personas, la Policía Nacional y la Dirección General de Migración, organismos que trabajan de manera conjunta para identificar patrones, recibir alertas y ejecutar operativos dentro y fuera del país.
Indicó que una de las principales prioridades actuales es la protección de menores víctimas de trata, así como de mujeres, y el combate al crimen organizado, que abarca delitos como explotación sexual, pornografía infantil y otras prácticas delictivas que operan incluso a través de redes sociales y plataformas digitales.
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