El ex fiscal general denuncia siete motivos de nulidad de su sentencia: “Acalla la posibilidad de que la Fiscalía emita desmentidos si se ve atacada”
El escrito alude al auto por el que el Supremo rechazó investigar al presidente del tribunal por el curso del Colegio de Abogados para apuntar a la pérdida de la apariencia de imparcialidad de los magistrados
El ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la sentencia que le condena a dos años de inhabilitación por la filtración de la confesión del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por dos delitos fiscales. En su escrito, su defensa argumenta que se han vulnerado múltiples derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia, la defensa y la tutela judicial efectiva y denuncia siete motivos de nulidad, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.
“Es un secuestro y acallamiento de la posibilidad misma de que la Fiscalía y su máximo dirigente emitan comunicados o desmentidos institucionales cuando la institución se ve gravemente atacada, vaciando de contenido su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía”, recoge el documento.
La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La sentencia del Supremo es firme y no se puede impugnar, por lo que sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir al tribunal de garantías.
El escrito alude asimismo al auto por el que el Supremo rechazó investigar al presidente del tribunal por su presencia y expresiones en unos cursos de la acusación popular del Colegio de Abogados de Madrid en plenas deliberaciones para apuntar a la pérdida de la apariencia de imparcialidad de los magistrados.
El escrito afirma que en ese auto “se examinan y ponderan una serie de hechos de conocimiento sobrevenido vinculados a determinados miembros del órgano situándolos expresamente en un plano distinto, y señalando que, de haberse conocido con anterioridad, habrían podido ser objeto de valoración plena previa denuncia en el momento previsto legalmente para ello”.
elDiario.es informó el pasado lunes de que, además del incidente de nulidad, su defensa iba a registrar otro escrito en el que reclamaría la suspensión de la ejecución de la sentencia. Con esa segunda petición, la Abogacía del Estado pretendía postergar la aplicación del fallo hasta que se resolviera el incidente de nulidad. Finalmente, ese escrito no se ha presentado dado que la actual fiscal general, Teresa Peramato, acordó la incorporación de García Ortiz a la Sección de lo Social del Supremo.