La cuenta oficial de Adif llevaba más de tres años avisando del mal estado de las infraestructuras en Adamuz
La noche del domingo 18 de enero quedó marcada por una de las mayores tragedias ferroviarias de los últimos años. Pasadas las siete y media, el tren Iryo 6189 que había salido de Málaga con destino a Puerta de Atocha en Madrid se salió del carril a la altura de los desvíos de entrada a la estación de Adamuz, provocando una situación de extremo peligro en un punto clave de la red. El suceso generó una inmediata conmoción tanto entre los viajeros como entre los vecinos de la zona.
Tras el descarrilamiento, el convoy invadió la vía contigua por la que circulaba en sentido contrario un tren Alvia con destino a Huelva, que avanzaba a unos 200 kilómetros por hora. El choque y sus consecuencias dejaron al menos 39 personas fallecidas, entre ellas el maquinista del tren de Renfe, y un balance provisional de 152 heridos, con cinco muy graves, 24 graves y más de un centenar con lesiones de diversa consideración. La violencia del impacto convirtió el rescate en una operación especialmente compleja.
Los servicios de emergencia actuaron de inmediato y trasladaron a los heridos a distintos centros hospitalarios de la provincia y comunidades limítrofes. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio dispositivo sanitario, policial y de protección civil, mientras se iniciaban las primeras investigaciones para esclarecer qué ocurrió en un tramo que ahora concentra todas las miradas. En este sentido, la circulación ferroviaria quedó totalmente interrumpida por el fatídico incidente sucedido en la localidad de Córdoba.
El tren que descarriló pasó su última revisión hace cuatro meses
Según la información facilitada por la compañía, el tren de Iryo 6189 siniestrado había pasado su última revisión el pasado 15 de enero y fue fabricado en 2022, lo que en principio descarta fallos derivados de una falta de mantenimiento del propio convoy. En un comunicado, la empresa aseguró que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas y agradeció "la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento". La compañía insistió en su disposición a colaborar con la investigación.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, compareció a última hora de la noche para ofrecer una primera valoración técnica del accidente. El responsable político calificó lo ocurrido como "un accidente extraño y difícil de explicar" y señaló que "todos los expertos que hemos consultado hasta ahora están extrañados", lo que incrementó la incertidumbre sobre las causas reales del descarrilamiento. Sus palabras no lograron calmar el debate público generado tras el siniestro.
Adif notificaba del mal estado de las infraestructuras desde 2022
Mientras avanzan las investigaciones, en redes sociales ha crecido la polémica en torno al estado de las infraestructuras ferroviarias en la zona. La cuenta oficial de Adif en X, que se define como un perfil que informa sobre "estado de la infraestructura y la circulación ferroviaria en la red de Adif", llevaba desde 2022 notificando incidencias y problemas en distintos tramos, avisos que ahora cobran una nueva dimensión tras la tragedia de Adamuz. Muchos usuarios han recuperado esos mensajes para cuestionar la actuación del gestor ferroviario.
Dichas vías, que pertenecen al corredor de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, estaban afrontando la recta final de una renovación integral en la que el administrador de la infraestructura, Adif, invirtió más de 700 millones de euros y la operación tenía planeado concluir a lo largo de este año. Sin embargo, con esta estrategia de rejuvenecimiento se siguieron reportando múltiples incidentes a lo largo del 2025. Por ejemplo, en julio, la circulación quedó interrumpida en ambos sentidos por una avería que había provocado una falta de tensión en la catenaria afectando a 15.000 viajeros. En este año se llegaron a notificar hasta siete incidencias en la cuenta de Adif.
El sindicato de maquinistas avisó sobre el deterioro de la vía
Estas advertencias coinciden con un comunicado publicado hace cinco meses por el sindicato de maquinistas SEMAF, que reclamó a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria una reducción de la velocidad máxima de 300 a 250 kilómetros por hora. El sindicato alertaba de "vibraciones intensas" y "botes" perceptibles debido al aumento del tráfico y al mayor peso de los trenes. En este contexto de dudas sobre la gestión institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló toda su agenda del lunes y expresó públicamente sus condolencias a las familias de las víctimas, afirmando que "ninguna palabra puede aliviar un sufrimiento tan grande" y que "todo el país las acompaña en este momento tan duro".