Una reforma para el 2030
“Todos a una…” es sin duda una expresión dura, pero que bien describe lo que vivimos frente a la inminente reforma electoral, ya sea por consentimiento, complicidad u omisión. Estamos frente a la culminación de la nueva configuración del Estado mexicano.
Morena, desde su acceso al poder, ha venido reconfigurando la estructura del Estado y sistemáticamente la forma de operación gubernamental federal y local, y ahora está frente al último “escollo constitucional” para terminar de concentrar el poder en la Presidencia de la República después de haber capturado inconstitucionalmente la Cámara de Diputados y posteriormente al Poder Judicial, disfrazando el proceso en una “elección democrática”.
La anunciada reforma electoral detonada por la presidenta de la República tiene como única explicación culminar el proceso que lleve al control total de los procesos electorales y sus consecuencias en la integración de los órganos del Estado.
Por si faltaran evidencias de la concentración del poder, el alcance de la reforma está en la consideración de quien preside el Ejecutivo federal y, paradójicamente, quienes podrían ponerle cierto freno son sus aliados y no necesariamente por las mejores razones, sino pensando en su supervivencia.
El estilo de la casa se impone; no se invita a quienes piensan distinto a la deliberación sobre un tema que involucra a todos. Se simularon foros en los que quienes acudieron tuvieron el generoso espacio de cinco minutos para exponer sus ideas.
Nunca se abrió otra mesa, como la experiencia y el espíritu democrático indican, con todos los partidos políticos —ni a los propios se convocó—, organizaciones y especialistas en la materia.
¿Para qué, si ya se habían tomado las decisiones sobre los grandes ejes y, en todo caso, lo que había que precisar eran alcances y formas?
Tan es así que lo que se da a conocer de la reunión que la comisión tuvo con la titular del Ejecutivo federal era lo previsible, lo que ya estaba desde el Plan A de López Obrador.
Veamos si no; lo que está a la consideración de la presidenta son temas como los siguientes: conformación de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, no la calidad de la representación; reducción del financiamiento a partidos políticos, no la equidad de la contienda y la transparencia del origen y destino de los recursos; disminución del presupuesto al INE, no la calidad de la organización de los comicios; autonomía e independencia de autoridades electorales, como si estas estuvieran en duda; acceso a radio y televisión, ¿se reduce? Y además, se reitera que la revocación de mandato se empate con las elecciones del 2027.
Como bien puso al desnudo el coordinador de los diputados del PT, ¿pero qué necesidad?, si ya cuentan con el control de los tres poderes. Y la respuesta a su esclarecedora reflexión es que, con esta reforma, además de culminar el nuevo diseño del poder público, se tienen en la mira las elecciones del 2030 y no quieren repetir la experiencia del 2021.
En aquella ocasión perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados; ahora que la tienen, ilegítimamente, por cierto, no quieren dejar pasar la oportunidad.
Se trata de generar con esta reforma las condiciones institucionales y operativas que les aseguren, aun a pesar de la voluntad ciudadana, su continuidad para los siguientes sexenios.
Para sostener esto, detengámonos solamente en el pretendido ahorro que dicen buscar recortando entre el 30% y el 50% las prerrogativas a los partidos políticos y el presupuesto al INE.
Pretendido ahorro, ya que esos montos presupuestales de ninguna manera sanarán las finanzas públicas, y si bien deben revisarse, ajustes de esa magnitud sin un análisis técnico cuidadoso más parece una medida política que atenta contra la equidad en la contienda y que además abre las compuertas para que fluyan en mayor cuantía recursos de origen ilícito a la vida política del país si no se atiende la fiscalización de los recursos usados en la política.
Por otra parte, por lo que hace a la reducción del presupuesto del INE, lo que está en juego es la calidad de la organización de los procesos electorales.
Una reducción de esa magnitud traería consigo, entre otras cosas, que el INE no estaría en condiciones de acercar las casillas al ciudadano —como ya sucedió en la elección del poder judicial cuando se instaló el 50% de las casillas que se habían previsto— ni de garantizar la ciudadanización del proceso electoral, es decir, que la ciudadanía se haga cargo de la recepción y el cómputo de los votos de sus vecinos.
Finalmente, adelantar la revocación de mandato para empatarla con las elecciones del 2027 es lo que podríamos definir como fraude a la Constitución, ya que se violaría el 134 constitucional, que expresamente prohíbe que los funcionarios públicos incidan en los procesos electorales.
Lo que tendríamos es la presencia de la presidenta de la República en las contiendas, influyendo desde ahí en el sentido del voto ciudadano, usando y abusando de su posición.
Además, mover la revocación de mandato al próximo año volvería inoperable la elección, de manera tal que ahora se habla de que las elecciones del Poder Judicial podrían realizarse en el 2028. Si esto fuera así, ¿en dónde quedó el ahorro?