El conflicto caseros-inquilinos no solo existe, es que está partiendo España

Instagram lleva días llenándose de post en los que los usuarios recuerdan el precio que pagaban por su alquiler hace justo diez años, en 2016, un ejercicio de nostalgia tan lacrimógeno como efectivo: “340 euros, gastos incluidos, por una habitación con balconcito en La Latina”, “500 euros por un piso entero a 200 metros de la Plaza del 2 de mayo”, “600 euros. Vivía solo. 2 habitaciones. Salón hermoso, cocina. Interior con luz”, “450 euros en calle Arganzuela. Dos habitaciones peques, salón cocina, un baño y dos patios”. “800 euros. Con una terraza que nunca olvidaremos”. “Vivía en Barcelona, en pleno meollo de Las Ramblas. Pagaba 800 euros por un ático brutal de dos habitaciones y terraza desde la que veía Tibidabo”. “En calle Real (Coruña). Piso de un dormitorio, salón, baño, cocina. 200 euros”. “165 euros por una habitación en la calle Dr. Fleming en Córdoba, en pleno casco histórico”. “550 euros, un ático con dormitorios y terraza en Ruzafa (Valencia)”. “Unos 380 euros por una casa maravillosa en valencia de 3 habitaciones y 3 balcones que daba al jardín botánico”.

Yo vivía con mi expareja en un piso luminoso en Arganzuela (Madrid), con una habitación y un salón bastante amplio, por el que pagábamos 650 euros, 325 cada uno. Y hasta teníamos piscina, o algo similar a una piscina. El hilo de Instagram es inabarcable y muy eficaz para constatar el deterioro en la calidad de vida que hemos sufrido en un margen temporal tan estrecho, tan solo diez años. También es un recordatorio de que nuestra seguridad estaba, todavía está y podría estar siempre en manos de otra persona, de la cuna a la tumba viviendo de alquiler. 

Se debate estos días sobre si es correcto hablar de un conflicto entre caseros e inquilinos. Sí lo es. No se trata de demonizar a unos y santificar a los otros, ni de avivar asperezas, ni de perpetuar estereotipos negativos, ni de incitar a la compasión: el conflicto está ahí porque hay intereses contrapuestos y porque uno vive, literalmente, de lo que el otro necesita para vivir; el conflicto no solo es que exista, es que está partiendo España. Negarlo o tratar de invisibilizarlo con deslumbrantes parches fiscales no soluciona absolutamente nada. 

La renta de los caseros es ya un 82% superior a la de los inquilinos, según un informe del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. La brecha patrimonial asciende a 23.638 euros: frente a una mediana de 52.449 euros entre los arrendadores, los arrendatarios se quedan en 28.810. No es una diferencia coyuntural ni una foto fija tomada en mal momento; es una grieta estructural por la que se filtran muchísimas desigualdades. 

En este contexto, el Gobierno plantea ahora una bonificación fiscal del 100% del IRPF para los propietarios que no suban el alquiler en 2026. Es decir, plantea congelar los alquileres, que no bajarlos, bonificando al arrendador; convertir el mercado de alquiler en una manera de ganar dinero casi que lindante con un paraíso fiscal. No limitan administrativamente el abuso, simplemente confían en la buena voluntad de los arrendadores. Un bonito acto de fe fiscal, llamémosle así. 

La crisis de la vivienda es un tremendo drama personal que está empujando a muchos trabajadores a abandonar las grandes ciudades. A otros los condena a compartir habitación en la treintena o la cuarentena porque el salario no alcanza para algo tan extravagante como vivir solos. Hay quien se deja el 80 o el 90% del sueldo en un alquiler o quien tiene que llamar hogar a espacios difícilmente habitables. Y luego está una forma muy concreta de violencia cotidiana: escuchar que debes pagar aún más o marcharte. 

¿Hasta cuándo el Estado va a seguir dejando fuera los zapatos para no manchar el santuario económico del mercado inmobiliario? ¿Y por qué los agentes sociales no se están movilizando en masa para reclamar cambios efectivos? Probablemente se debe a que los propios legisladores tengan también los mismos intereses contrapuestos que los arrendadores sobre los que legislan.