La lucha policial contra la droga es siempre muy dura. Los narcos recurren a cualquier estrategia para conseguir la impunidad y no dudan en poner a la Policía en la diana . Se trata de desprestigiar al investigador para que los jueces desconfíen de él. Siembran la duda sobre su honorabilidad y así allanan el camino a la absolución. Pero el acoso sufrido por el inspector jefe J. C. C., un veterano de esta 'guerra', va más allá de lo soportable . En 2020, este policía, por entonces inspector, lideraba uno de los grupos del Greco Galicia, adscrito a la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía . Meses de trabajo desembocaron en la intervención en aguas internacionales, a bordo del barco MV Karar, de un alijo de 3,8 toneladas de cocaína. Su valor en el mercado era de 146,3 millones de euros. La operación se hizo en plena pandemia. Entonces fueron detenidos los 14 miembros de la tripulación, nueve nepalíes y cinco de Bangladesh y el español que hacía de 'notario' (la persona de la organización que controla que todo vaya según lo acordado). Pero aún más importante, en tierra se desarticuló la organización que estaba detrás del alijo: nada menos que la liderada por los hermanos Santórum, Juan Carlos y Ricardo , aunque este último haya sido absuelto en este caso por falta de pruebas concluyentes. Se arrestó además a un funcionario de Aduanas corrupto. En aquella época J. C. C. era un inspector muy valorado por su trabajo, así que cuando en 2023 ascendió a inspector jefe fue destinado a la Embajada de España en Colombia como enlace con la Policía. Su experiencia en la lucha contra la droga era muy aprovechable y el trabajo que comenzó a realizar ya desde los primeros meses así lo acreditó. Sin embargo, un año después, en marzo de 2024 comenzó su calvario. Cuando regresó a Pontevedra en Semana Santa fue detenido por la Unidad de Asuntos Internos, que lo relacionaba con las actividades supuestamente ilegales de otro veterano inspector jefe , responsable de la lucha contra la droga en Murcia, igualmente arrestado. Un juez de esta ciudad es el que lleva el asunto. La reacción entre los antiguos compañeros de J. C. C. fue de absoluta incredulidad . Sabían cómo trabajaba y cómo siempre había actuado dentro de la más estricta legalidad. Pero se le acusó de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, cohecho, blanqueo de capitales, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos. Aunque no fue a prisión, el abismo se le abrió bajo los pies . Se le suspendió de empleo y sueldo y en esa situación continúa, sin que hasta el momento el juez ni siquiera le haya tomado declaración… El clan Santórum vio una oportunidad de oro en esta detención y decidió poner en marcha una maniobra de acoso y derribo contra el policía. ¿Cómo iban a ser fiables unas pesquisas lideradas por un investigador con ese historial? La estrategia de presión, siempre creciente, tuvo varios hitos. Desde airear desde un medio de comunicación el arresto para crear un ambiente adecuado en la opinión pública, a distribuir pasquines por Pontevedra —también en los juzgados y en la zona próxima al hospital— en los que se le llamaba corrupto, a la utilización del asunto por parte de Carmen Ventoso, la abogada de Santórum… A medida que se acercaba la vista oral este tipo de actuaciones se potenciaron. Incluso, según las fuentes consultadas, los Santórum consiguieron las diligencias de Asuntos Internos y aprovecharon para distribuir por la ciudad gallega un 'dossier' con su fotografía y su dirección. Hay imágenes que acreditan la participación de Ricardo Santórum en estas actividades. Por estos hechos se abrieron unas diligencias que sin embargo fueron archivadas. La víctima ha recurrido esta decisión judicial. Con la publicación de su dirección ya no sólo quedaba comprometida la seguridad del inspector jefe, sino también, obviamente, la de su familia. Al parecer se le ofreció protección policial, pero declinó la oferta. Pero por si todo esto fuera poco, también se difundió su historial médico. Tanto la detención, como los acontecimientos posteriores afectaron profundamente al policía, que sigue en tratamiento. Su mujer también pasa por un calvario, y sus compañeros no entienden cómo puede seguir encausado cuando todos los movimientos de J. C. C. en Colombia estaban autorizados por la Audiencia Nacional y la persona con la que interactuaba en ese país tiene la consideración de fuente encubierta por las autoridades colombianas, y en España la de confidente. El inspector jefe, a pesar de su estado anímico, tuvo que afrontar su declaración en el juicio. Cuando compareció en la vista oral se oyeron gritos de «¡corrupto!» , lo que provocó que la presidenta del tribunal expulsara a los que los proferían. La tensión, obviamente, era máxima, y él no estaba en las mejores condiciones. Aun así hizo una declaración muy sólida, como se demostró después. En febrero del año pasado el juicio, que se prolongó diez meses, quedó visto para sentencia. Allegados al clan Santórum aseguraban que los narcos estaban tranquilos porque «tenían acceso al tribunal» ; en otras palabras, que iban a conseguir la absolución. Se equivocaban. Esta semana, la Sección Quinta de la Audiencia de Pontevedra, formada sólo por mujeres , condenó al jefe de la trama y a otros 25 procesados, entre ellos su 'núcleo duro', a 200 años en total. La sentencia, de casi 400 páginas, supone un espaldarazo absoluto a la investigación. El trabajo del inspector jefe J. C. C. y sus compañeros daba sus frutos más de cinco años después. Sin embargo, sobre el policía pesa aún la suspensión de empleo y sueldo, de modo que el calvario continúa para él. Todas las fuentes policiales consultadas están convencidas de su inocencia y piden que se agilice la instrucción. Pero a la vez recuerdan una frase muy utilizada en ambientes policiales: «En un juzgado se sabe cómo se entra, pero nunca cómo se sale» . Así que la espada de Damocles pende aún sobre él.
