El jefe de Policía británico que vetó a los aficionados israelíes de un partido de fútbol estudia demandar al Estado por despido improcedente tras ser obligado a retirarse
El exjefe de Policía de West Midlands, Craig Guildford, está valorando emprender acciones legales contra el Estado británico por despido improcedente, apenas un día después de anunciar su retirada forzosa en medio de la polémica por el veto a los aficionados israelíes en un partido europeo disputado en Birmingham.
El caso, que ha sacudido a las instituciones policiales y al Gobierno, amenaza ahora con derivar en una batalla judicial millonaria.
Guildford, de 52 años, dejó su cargo tras varios días resistiéndose a las presiones de la ministra del Interior, Shabana Mahmood, y de varios diputados que reclamaban su dimisión.
Aunque finalmente se retiró con pensión completa, fuentes cercanas aseguran que está consultando a abogados para presentar una demanda por “constructive dismissal”, una figura legal equivalente al despido improcedente por presión insostenible. Según esas mismas fuentes, el exjefe policial aspira a una indemnización de seis cifras, ya que aún le quedaban casi tres años de contrato.
La situación se complica por la intervención del Independent Office for Police Conduct (IOPC), que ha abierto la puerta a una posible investigación disciplinaria.
El organismo analiza un informe del inspector jefe Sir Andy Cooke, que concluye que se exageraron y manipularon pruebas para justificar la prohibición de entrada a los seguidores del Maccabi Tel Aviv en un partido contra el Aston Villa el pasado noviembre.
El IOPC advirtió que su interés en Guildford “no termina con su retirada”, lo que podría retrasar cualquier demanda.
El secretario de Interior en la sombra, Chris Philp, calificó de “escandaloso” que Guildford esté estudiando reclamar una indemnización, mientras que la ministra Mahmood reiteró que había perdido la confianza en él por “fallos graves” que dañaron la credibilidad de la Policía de West Midlands.
En contraste, el comisionado policial y del crimen local, Simon Foster, único con autoridad para destituirlo, elogió su “honor” y sus “contribuciones positivas” al anunciar su salida.
El caso también ha dividido a representantes locales. Algunos, como el diputado independiente Ayoub Khan, consideran que Guildford fue “sacrificado por cumplir con su deber”, mientras que otros, como la líder conservadora Kemi Badenoch, sostienen que un jefe policial “no puede engañar al Parlamento y conservar su puesto”.
La crisis ha reabierto el debate sobre la gestión policial de eventos sensibles y sobre la presión política en torno a decisiones operativas. Mientras tanto, el futuro legal de Guildford —y el coste potencial para el erario público— sigue en el aire.