Estos son los movimientos de efectivo vigilados por Hacienda y castigados con hasta 150.000 euros de multa
La Agencia Tributaria ha intensificado el control sobre las operaciones con dinero en efectivo, estableciendo umbrales precisos que, de ser superados, activan obligaciones de información y pueden acarrear severas sanciones económicas.
El objetivo no es prohibir el uso del efectivo, sino garantizar su trazabilidad y combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, exigiendo a ciudadanos y empresas que justifiquen el origen y destino de los fondos en movimientos significativos.
Existen tres umbrales principales bajo supervisión; en primer lugar, las entidades financieras están obligadas a comunicar sistemáticamente a Hacienda cualquier ingreso o retirada de efectivo que supere los 3.000 euros, así como las operaciones en las que intervengan billetes de 500 euros.
En segundo término, cualquier persona que transporte físicamente más de 100.000 euros en efectivo dentro del territorio nacional debe presentar el modelo S1 ante la Agencia Tributaria.
Finalmente, la normativa sobre movimientos internacionales de capitales exige declarar la entrada o salida de España con efectivo por valor de 10.000 euros o más.
Un régimen sancionador que puede alcanzar los 150.000 euros
La consecuencia de no cumplir con estas obligaciones no es automática, pero puede desencadenar un procedimiento sancionador. El foco recae en la incapacidad de justificar adecuadamente el origen lícito de los fondos o su destino, más que en el mero acto de mover el dinero, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales establece un sistema de infracciones graduado según la gravedad de la omisión o la falta de justificación.
Las infracciones leves, asociadas usualmente a incumplimientos formales, pueden conllevar recargos o multas menores. Las infracciones graves, aplicadas cuando no se justifican movimientos que superan los umbrales legales, acarrean sanciones económicas más cuantiosas.
En los supuestos más severos, calificados como infracciones muy graves, las multas pueden ascender hasta un porcentaje muy elevado de los fondos no justificados, pudiendo llegar en algunos casos a un máximo de 150.000 euros, especialmente cuando existen indicios de fraude fiscal o blanqueo.
Debido a este régimen, los expertos recomiendan conservar toda documentación que acredite el origen de los fondos (como contratos, facturas, herencias o préstamos) y su destino legítimo, evitando operaciones opacas que puedan generar sospechas y desencadenar una inspección.