Devastación en Kinchil: empresa ignora clausuras y arrasa casi 14 hectáreas de selva

La destrucción es evidente y alarmante. Casi 14 hectáreas de selva baja fueron arrasadas en el municipio de Kinchil, Yucatán, aun cuando el predio contaba con sellos de clausura colocados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). En la zona se pretende construir una planta vinculada a una empresa dedicada a la producción de huevo.La Profepa informó que acudió por segunda ocasión a la zona rural donde se ubican vestigios mayas de la zona arqueológica de Tzemé, tras recibir nuevas denuncias por la continuación de los trabajos.“Quitaron sellos a la maquinaria asegurada en el predio y continuaron con diversas obras en los terrenos deforestados ilegalmente; en atención a denuncias de las comunidades, la PROFEPA realizó varias visitas de seguimiento y verificación a un predio (…) donde se desarrollan actividades atribuibles a la empresa Productora Nacional de Huevo (CRÍO)”, informó la dependencia.Durante la visita, las autoridades constataron que habían sido retirados los sellos de clausura colocados el 12 de noviembre de 2025 como medida de seguridad, tras documentar la deforestación de 13.7 hectáreas de vegetación forestal, lo que afectó la flora y fauna del ecosistema.Por estas irregularidades, la PROFEPA amplió la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La institución señaló que: “la clausura temporal total impuesta desde el 12 de noviembre del año pasado no había sido respetada y que seguían los trabajos de preparación del terreno mediante el uso de maquinaria pesada”.La clausura se originó por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la remoción total de vegetación sin autorización. La autoridad detalló que “por estos hallazgos, se procedió al aseguramiento precautorio de una retroexcavadora y un bulldozer de oruga, utilizados para el picado y nivelación del suelo natural, con fines de construcción de vialidades y futuras naves industriales para la producción y crianza de aves”.La maquinaria, explicó la dependencia, pertenece a una empresa arrendadora y era operada por personal de una constructora contratada por la empresa responsable del predio.Sin embargo, en una visita de verificación realizada el 12 de enero, la Profepa encontró nuevas anomalías: “durante esta diligencia, personal de la empresa constructora presente en el sitio se negó a recibir y firmar la orden de verificación; en cuanto a la maquinaria, únicamente se localizó el bulldozer sin los sellos de ‘bien asegurado’ y en distinta ubicación a la original; la retroexcavadora ya no se encontraba en el sitio”.La dependencia calificó los hechos como un acto grave: “esto constituye un incumplimiento grave y reiterado a las medidas de seguridad impuestas por esta autoridad ambiental, la PROFEPA procedió a reinstalar los sellos de aseguramiento en la maquinaria localizada”.El 13 de enero, la institución presentó la ampliación de la denuncia penal por la manipulación indebida de bienes asegurados y el reiterado incumplimiento de la clausura. Además, informó que se coordinará con la FGR para garantizar el cumplimiento de la ley.Comunidades denuncian impunidad y complicidad institucionalEl Consejo Comunitario de Kinchil recordó que las obras ya habían sido suspendidas por el INAH en octubre y clausuradas por PROFEPA en noviembre, pero aun así la construcción continuó sin freno.Ante ello, las comunidades ingresaron una demanda de amparo (expediente 2352/2025) contra el INAH, PROFEPA, el municipio, la FGR, CRÍO y CAVICO, obteniendo suspensión provisional el 24 de noviembre y suspensión definitiva el 15 de diciembre del 2025.“Seguiremos tomando acciones legales para que todos los responsables de esta situación rindan cuentas, tanto las empresas contratantes y ejecutoras como las instituciones que en lugar de cumplir su cometido son cómplices en la destrucción”, declaró Federico May Cuitún, integrante del Consejo, mediante un documento público.El representante comunitario exigió además la destitución del director del Centro INAH Yucatán: “reiteramos nuestra exigencia de que se destituya inmediatamente al director General del Centro INAH Yucatán, Víctor Arturo Martínez Rojas, por tolerar la devastación de nuestro patrimonio arqueológico”.