Vox lanza una ofensiva parlamentaria para «frenar» el nuevo sistema de financiación pactado por Sánchez y ERC

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados, el Senado y los distintos parlamentos autonómicos una proposición no de ley que, según explica el partido, busca «garantizar de forma efectiva la unidad nacional, la igualdad de los españoles y la solidaridad entre las distintas regiones, y para frenar el nuevo modelo de financiación autonómica pactado por el Gobierno de Pedro Sánchez con el separatismo catalán». En la iniciativa presentada por los Santiago Abascal, denuncian que este nuevo sistema, rechazado por todas las comunidades autónomas salvo Cataluña, «responde exclusivamente al pago de peajes políticos exigidos por ERC para sostener al Gobierno en el poder». El Grupo Parlamentario Vox afirma que el acuerdo alcanzado con ERC supone un «incremento masivo de los recursos del sistema autonómico, financiado mediante una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes y una cesión creciente de impuestos estatales, sin exigir control del gasto ni responsabilidad a las administraciones autonómicas». «Se trata de un expolio fiscal encubierto que empobrece a las familias y debilita al Estado», explica esta proposición no de ley (PNL). Los diputados firmantes de la iniciativa advierten que este modelo no busca la «equidad ni la solidaridad entre regiones», sino consolidar «el chantaje separatista como método ordinario de gobierno y profundiza en la ruptura del principio de igualdad entre los españoles». Los de Abascal creen que esta iniciativa señala que «Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar la unidad nacional y el bienestar de millones de españoles con tal de mantenerse en el poder un día más». «La igualdad real entre españoles solo puede garantizarse desde una perspectiva nacional de los servicios públicos y los impuestos, no desde un sistema territorial diseñado para contentar a las élites autonómicas y separatistas», subraya el texto registrado por Vox. La formación, finalmente, exige con esta PNL «repudiar el acuerdo suscrito», «renunciar a impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica derivada de dicho acuerdo» y «rechazar todas las cesiones competenciales llevadas a cabo por los sucesivos gobiernos del bipartidismo ».