El Gobierno recurre la creación del centro universitario del Colegio de Abogados que aprobó Ayuso

Otro enfrentamiento. El Ministerio de Universidades ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden por la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes de noviembre la adscripción del Centro Universitario Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) a la Universidad Complutense de Madrid. El departamento que dirige Diana Morant recuerda que este es un caso inédito en el que un colegio profesional va a impartir títulos y sostiene que “la docencia está, y debe seguir estando, en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar”.

Este recurso se une al que presentó el PSOE hace unos días. El rector de la Universidad Carlos III de Madrid también anunció que recurriría el centro. Argumentó Ángel Arias entonces que este paso “está forzado”, que es “un error” y que es una “puerta falsa para formalizar como universidades ámbitos que no lo son”, una crítica que también se ha vertido desde la Universidad Complutense. Hay precedentes de esto: en 2018 la misma UCM y la Rey Juan Carlos perdieron tres centros adscritos, que pasaron a ser universidades propias.

La Comunidad de Madrid aprobó la adscripción a la UCM del centro del ICAM en pleno juicio al fiscal general por la filtración de información de la pareja de Díaz Ayuso. Un juicio en el que el ICAM estuvo presente del lado de la presidenta como acusación particular, aunque ambas partes desligaron ambos actos: la tramitación del centro adscrito, explicó entonces el ICAM, había empezado tres años antes.

Algunas fuentes achacan la medida a las necesidades financieras de la Complutense (reciben dinero por alojar centros adscritos), al deseo de poder e influencia en el sector de un organismo jurídico con buenas conexiones en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y a la imparable privatización del sistema universitario en la región la maniobra económico-formativa realizada a tres entre la UCM, el ICAM y el Ejecutivo regional.

Pero otras voces recuerdan que la universidad pública no llena el grado de Derecho (tiene una tasa de cobertura de las plazas del 90%, según sus propios datos), por lo que introducir un nuevo agente que lo imparta dentro de su campus es hacerse la competencia a sí misma.

“No es la función de los colegios profesionales”

“La función de impartir docencia oficial no es la función de los colegios profesionales, como dice la ley”, explican fuentes del Ministerio de Universidades. De hecho, el ICAM tuvo que cambiar sus estatutos por petición de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para poder impartir docencia. “El resultado de esta decisión va a permitir que un centro privado compita con la facultad de derecho de la misma universidad a la que está adscrita, la Complutense. La decisión adoptada por el Gobierno de la señora Ayuso sienta un precedente muy grave al ceder a grupos profesionales la formación en títulos universitarios, habilitantes como este, a precios privados”, dicen las fuentes del ministerio.

Sostienen estas fuentes que “se abre de esta forma otra vía para desmantelar la universidad pública”, una crítica habitual del departamento que dirige Morant al Gobierno madrileño, con el que ha tenido varios enfrentamientos porque Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a la universidad pública y la que más centros privados tiene y ha abierto en los últimos años. El último campus privado aprobado en España fue el IE, en la capital. También tuvieron un fuerte enfrentamiento a costa del programa María Goyri, por el que el ministerio cofinancia durante seis años la contratación de profesores universitarios que exige la nueva ley (la LOSUE): Madrid fue la única comunidad que rechazó participar del programa hasta que la presión que ejercieron los rectores dobló la mano de Ayuso, que acabó firmando.

Universidades cree que Ayuso está embarcada en una cruzada contra la universidad pública. “Si esta decisión la toman otros colegios profesionales, significaría desmontar la universidad y ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales”, argumenta su recurso.

“De facto, la creación de este centro adscrito supone la creación de una universidad privada sin pasar por el expediente de tener que crearla. Será un centro que, a los efectos más problemáticos, es privado y que según parece será un centro de impartición de clases, no de investigación”, valoraba cuando se realizó el anuncio Jacobo Dopico, catedrático de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. “Pero no se puede considerar que simples centros de impartición de clases sean universidades. Una universidad es un centro de investigación y avance del conocimiento. Pretender desgajar la docencia y la expedición de títulos de la labor de investigación y avance del conocimiento de las universidades conduce a la destrucción del tejido universitario”.