La apuesta alicortada de Andalucía por la Memoria Histórica: un plan con tres años de retraso y cientos de fosas por exhumar

El II Plan Andaluz de Memoria Democrática echa a andar con tres años de retraso. El programa –previsto de 2023 a 2027– anuncia una inversión de 2,5 millones en dos años para exhumar fosas del franquismo e identificación genética y otros 5 millones que, dice la Junta de Andalucía, ya gastó el trienio anterior. Pero la noticia contrasta con el “parón” a las políticas memorialistas que denuncian las víctimas y que afecta, sobre todo… a la propia búsqueda de represaliados y al atasco reconocido en los análisis de ADN.

La propia Junta admite la urgencia de estas actuaciones ante el “número elevado de fosas pendientes de exhumar”. Andalucía superó en 2020 las cien fosas del franquismo abiertas y las 4.000 víctimas recuperadas –desde la primera exhumación con criterio arqueológico el año 2004 en El Bosque (Cádiz)– y, aun sumando las decenas del último lustro, todavía quedan centenares: en suelo andaluz hay 50.000 civiles asesinados y 900 fosas, como desveló este periódico.

El gran impulso a las excavaciones –unas 50– llegó en el último Gobierno presidido por Susana Díaz (PSOE), justo en la legislatura anterior a la entrada de la derecha en San Telmo. Ahí la coalición PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox, aplicó un frenazo a la Memoria y amenazó con derogar la ley regional... aunque acabó ignorando a los ultras. Puso dinero sobre la mesa pero con una “sangría” continuada a los presupuestos, como lamentaron los memorialistas, y sigue abriendo la tierra apoyada en el dinero que inyecta el Gobierno de España, caso del último millón de euros para abrir fosas franquistas.

Ahora este segundo plan, que entra en escena con el título ‘Horizonte 2027’, fue aprobado a finales de diciembre de 2025 por el Consejo de Gobierno y todavía tiene que pasar por el Parlamento autonómico. Este “marco de referencia”, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, también propone “afianzar” la cooperación entre las diferentes administraciones públicas.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) apuntala así su apuesta alicortada por la Memoria Histórica y la reparación a las víctimas andaluzas del genocidio franquista. Saca pecho por un plan que heredó del PSOE aunque en el primero dejó de invertir la mitad del dinero, no deroga la ley –como anunciaba junto a Vox en 2019 tras el pacto que le llevó al poder– ni la aplica contra actos de exaltación fascista, tampoco la deja a ‘cero euros’ en modo Rajoy pero asfixia la financiación pública a las asociaciones, olvida los Lugares de Memoria y no suelta la mano tendida de la ultraderecha como demuestra en Sevilla.

Moreno es “un presidente que clama por la democracia pero incumple las leyes de Memoria que pretenden preservarla”, dicen las víctimas. Andalucía, cabe recordar, es la región de España con más castigada por los golpistas. La comunidad autónoma suma más desaparecidos forzados que las dictaduras de Argentina y Chile juntas. La mayoría de estas víctimas siguen bajo tierra, en fosas y cunetas. Andalucía es, además, tierra de fosas de mujeres, con 1.500 “rosas” asesinadas por el franquismo y cinco casos simbólicos.

Abrir las grandes fosas

El II Plan Andaluz de Memoria Democrática Horizonte 2027 suma un presupuesto total de poco más de 7,4 millones de euros. Para los años 2023 y 2024 la Junta ha destinado casi 1,5 millones en cada ejercicio, una cifra que repite desde 2025 y “se ha estimado conforme a las necesidades detectadas”, sostiene. Esas cantidades incluyen las “transferencias finalistas” del Gobierno de España, admite la consejería de Cultura y Deporte, que encabeza Patricia del Pozo y tiene las competencias en materia memorialista.

De esos números salen los poco más de 2,5 millones de euros destinados a exhumación de fosas e identificación genética en 2026 y 2027. El objetivo principal del programa es “contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de las víctimas” del franquismo y de ahí las actuaciones anuales para “facilitar los trabajos de búsqueda e identificación y de reconocimiento de las víctimas” (con 110.198,58 euros), de “localización y exhumación de víctimas” (445.881 euros) y de “identificación genética de las víctimas exhumadas” (710.000).

Dice la Junta que el segundo plan es un “instrumento de gran utilidad” con el que apuesta por “afianzar” la cooperación “interadministrativa” ante el “número elevado de fosas pendientes de exhumar” en suelo andaluz. Y que con esta colaboración pretende “continuar con las actuaciones de exhumación de grandes fosas, entre otras, la de Monumento en Sevilla, y La Salud y San Rafael en Córdoba”, sostiene.

La dejadez del Gobierno del PP en el Ayuntamiento sevillano bloquea sin embargo la exhumación de la mayor fosa franquista en su cementerio, pese a que hay dinero para ello. Mientras, los camposantos cordobeses continúan con excavaciones pendientes en unos trabajos que arrancaron 87 después de los crímenes y que han demostrado que “la represión, de principio a fin, fue un exterminio organizado”, en palabras del arqueólogo coordinador del equipo multidisciplinar, Daniel Quiroga.

“La Junta de Andalucía no ha dejado de lado la recuperación de las víctimas que están pendientes de exhumar en fosas más pequeñas”, asegura el Gobierno de Moreno. De ahí que el plan aprobado busque “fomentar la participación del tejido asociativo e institucional en las actuaciones de recuperación de la memoria democrática” y activará “ayudas”, sostiene.

El Gobierno andaluz también promete la creación del Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía y del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía, que “jugará un papel fundamental en el desarrollo de las actuaciones de identificación, protección y difusión de los documentos” en la materia y en las “garantías del derecho al acceso al contenido de los mismos”. Todo, insiste, “una vez se haya dado respuesta a las necesidades prioritarias de exhumación e identificación genética de víctimas”.