El polémico parque científico de Cuenca recibe luz verde ambiental con decenas de “correcciones” para proteger agua y fauna

Ya tiene luz verde ambiental el proyecto de urbanización interior y de conexiones exteriores del Parque Científico y Tecnológico de Economía Circular 'Los Palancares' de Cuenca, cuya promotora es la Diputación provincial. La Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha considera que el proyecto es viable, pero establece decenas de medidas “correctoras” centradas en los residuos, el agua y la protección de la fauna.

Esta iniciativa, con 800.000 metros cuadrados de suelo industrial, se tramita como 'Plan de Singular Interés' (PSI) mediante un procedimiento de evaluación ambiental estratégica, puesto que supone la modificación del planeamiento municipal de la ciudad Cuenca. Incluye en total nueve proyectos urbanizadores por un importe de entre 24 y 30 millones de euros, según estima la Diputación provincial.

Todo el expediente ha sido un “trabajo inmenso”, apunta el presidente de esta institución, Álvaro Martínez Chana. “Hemos tenido que lidiar con todas las administraciones, ha sido muy complejo y laborioso”, destaca.

Pero hasta el momento, el proyecto ha contado con el rechazo frontal Ecologistas en Acción y de la asociación 'Pueblos Vivos Cuenca', que recurrieron la aprobación definitiva del proyecto como PSI. Los argumentos plasmados en su recurso se basaban, sobre todo, en que se podría ocasionar un “perjuicio irreparable” sobre el espacio natural protegido de la Microrreserva del Valle del río Moscas, que además tiene una propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000.

Este espacio se encuentra a tan solo 452 metros del proyecto urbanístico por lo que el movimiento de tierras, la urbanización y las actividades que podrían ubicarse en él, “ponen en riesgo los valores naturales que merecieron la declaración de la microrreserva”, según advirtieron estos colectivos.

Según la declaración de impacto ambiental a la que ha tenido acceso elDiario.es de Castilla-La Mancha, el uso global y mayoritario del futuro parque científico es el industrial. Atendiendo a la calificación y usos del suelo, cuenta con una superficie total de afección de más de 80 hectáreas, diferenciando dotaciones públicas, dotaciones privadas y suelo lucrativo.

En este documento se resumen las alegaciones y pormenores del proceso de autorización. Destaca que el pasado mes de junio, la Dirección General de Calidad Ambiental notificó a la Diputación que la documentación del expediente estaba incompleta, ya que no constaba el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  Con la misma fecha se realizó un requerimiento a este último órgano, que contestó en agosto autorizando el vertido de aguas residuales en el río Moscas.

En cuanto a las alegaciones, las de Ecologistas en Acción se centraron sobre la escasa descripción de las afecciones e impactos. Este colectivo criticaba que no apareciera “ni un solo impacto moderado, severo, ni crítico” a pesar de la presencia, en el ámbito de la actuación, de la mencionada Microrreserva Lagunar del río Moscas.

La Diputación replicó que en el estudio de impacto ambiental se analizan las posibles repercusiones o impactos ambientales que pueda provocar el proyecto de urbanización, diferenciándose la fase de construcción y la fase de funcionamiento. Así, el promotor destaca que los efectos negativos del proyecto resultan compatibles en todas las fases de la actividad, y solo se ha identificado un efecto de carácter moderado en fase de obra. “Tampoco se ha obtenido ningún impacto severo o crítico”, respondió.

Además, se apoya en los informes emitidos desde el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca para justificar que el estudio se ha diseñado y proyectado con el suficiente detalle de medidas preventivas y correctoras para que no afecte al conjunto de áreas protegidas, incluyendo la mencionada microrreserva.

¿Habrá afecciones en la fase de construcción y explotación?

Esos informes que menciona la Diputación se emitieron en septiembre de 2024 y afirman que no se produce “intercepción” de la microrreserva con el ámbito de la actuación, incluidas las conexiones exteriores, y que se mantienen 500 metros de separación entre el límite sur de la actuación urbanizadora, y unos 350 metros desde las actuaciones de restauración geomorfológica en la conexión de los arroyos del Rollo y del Llano.

No obstante, los informes manifiestan que pueden producirse afecciones tanto en la fase de construcción como en la de explotación, especialmente por el riesgo de alteración de la calidad y el volumen de las aguas superficiales y subterráneas que alimentan la microrreserva, y que por este motivo deben cumplirse todas las medidas de diseño y de ejecución previstas en los proyectos y en el estudio de impacto ambiental “para evitar vertidos o alteraciones” al régimen de la dinámica natural de las aguas superficiales o subterráneas.

El Gobierno regional concluye que, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación, la Dirección General considera “viable” el proyecto desde el punto de vista ambiental, aunque añadiendo decenas de “condiciones y medidas” para “prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente”.

Entre ellas se encuentran las medidas destinadas a preservar la Red Natura 2000, donde destaca que en la fase de obras resulta “imprescindible” la prevención de posibles arrastres de partículas, sólidos o contaminantes por la escorrentía sobre las aguas superficiales y subterráneas.

Igualmente, establece que se deben adoptar todas las medidas necesarias para que cualquier acción del proyecto asociado a excavaciones, desmontes o movimientos de tierras no afecte al nivel freático y al conjunto de estos materiales del subsuelo, debiendo estar avalados todos los emplazamientos con estas acciones de excavación, por el correspondiente estudio geológico y geotécnico.

A todo ello añade la previsión de una ordenanza municipal específica de vertidos de aguas residuales con dos limitaciones: todo vertido industrial que se efectúe a la red de alcantarillado tendrá las características que lo hagan asimilable al agua residual doméstica; y se limitarán las descargas de vertidos no domésticos a la red de alcantarillado.

También incorpora la conducción de las aguas procedentes de la escorrentía de la Sierra de los Palancares hacia los cauces de los arroyos del Llano y del Rollo, habiéndose contemplado una actuación de restauración de los mismos, aguas arriba de las lagunas de Mohorte, “tratando de recuperar la morfología del cauce y la vegetación de ribera, prácticamente inexistente en los tramos de actuación”.

Para el caso de futuras instalaciones industriales, la dotación de agua requerida para sus procesos y para refrigeración de los mismos, se justificará “adecuadamente”: cualquier acción de su actividad relacionada con el consumo de agua “no debe afectar” al sistema hidrogeológico de las lagunas temporales y estacionales de Mohorte y río Moscas.

Medidas para la protección de la fauna

En referencia a las medidas específicas destinadas a la protección de la fauna, destaca la imposición de que el calendario de ejecución de los trabajos de construcción deberá estar condicionado al periodo menos sensible para la fauna detectada en la zona de estudio, no pudiendo interferir con el periodo reproductor, en especial, teniendo en cuenta las especies incluidas en el Catálogo Regional o Español de Especies Amenazadas. “Se aconseja proceder a la construcción ocupando el terreno de forma progresiva, no simultánea y evitando los trabajos nocturnos”, añade la declaración de impacto ambiental.  

Antes de las obras, debe realizarse también un “muestreo de campo exhaustivo” en la zona de actuación y su área de influencia (un kilómetro alrededor), así como en las masas forestales circundantes o de ribera con el fin de descartar la posible presencia de nidos, lugares de cría y otros elementos del medio que puedan servir de refugio a la fauna.

El informe incorpora también medidas para la protección del paisaje. Por ejemplo, pide que las construcciones se proyecten de manera “armonizada”, utilizando las “características propias de la arquitectura y los acabados tradicionales de la zona” y empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan. Prohíbe además que realicen ajardinamientos en zonas susceptibles de albergar hábitats protegidos ni en las riberas y zonas adyacentes de los cursos de agua existentes, debiendo adoptar medidas para “ayudar a la revegetación natural o su máxima naturalización”.

Finalmente, la Dirección General establece medidas para la “minimización del consumo hídrico”. Entre ellas se encuentra la prohibición de la extracción de recursos hídricos subterráneos para el polígono industrial y cada una de las instalaciones que puedan emplazarse en él.

Otras medidas correctoras para ese uso del agua imponen realizar un “mantenimiento preventivo periódico” revisando el estado del conjunto de las instalaciones, la instalación de contadores independientes en los diferentes puntos del proceso productivo y la utilización de circuitos cerrados de agua.

La Administración autonómica hace referencia también a un informe de Aguas de Cuenca, S.A. que plantea que la construcción de la estación depuradora de agua (EDAR) del futuro parque científico debería licitarse con un periodo de puesta en marcha y explotación de, al menos, tres años. Así, alega, el contratista podría ajustar todos los equipos y realizar las modificaciones necesarias para que la planta funcione al cien por cien, se cumpla con la normativa en vigor en ese momento y el vertido cumpla con la autorización del organismo de cuenca. La Diputación ha dado el visto bueno a este procedimiento.

Aguas de Cuenca recomienda también que las poblaciones cercanas de La Melgosa y Mohorte, carentes de tratamientos adecuados de sus aguas residuales, acaben llevando sus aguas a la EDAR que contempla la actuación, una vez se encuentre en funcionamiento, dado que es la más cercana. Por este motivo, la EDAR proyectada debería realizar la obra civil de llegada y la instalación de elementos necesarios para acoger estos vertidos.

Otras de las correcciones se refieren a la protección del patrimonio cultural, las infraestructuras ya existentes o la adaptación al cambio climático, así como el establecimiento de un programa de vigilancia ambiental.

Reparcelación “forzosa”

El pasado mes de diciembre, tras esta declaración de impacto ambiental, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sometió a información pública el proyecto de reparcelación “forzosa” (es decir, mediante expropiaciones) del futuro parque científico, el primer paso para el inicio de su construcción conforme a los pasos que debe seguir como Plan de Singular Interés.

Este proceso se llevará a cabo sin perjuicio de que la Diputación Provincial de Cuenca, como entidad promotora del mismo, pudiera adquirir, por mutuo acuerdo, las fincas que sus titulares prefirieran enajenar.

El plazo para la presentación de alegaciones a esta reparcelación está a punto de culminar, por lo que es previsible que pueda llevarse a cabo en uno o dos meses. Así lo estima también el presidente de la institución promotora, Álvaro Martínez Chana, quien calcula que cuando finalice ese plazo, será “el pistoletazo de salida”.

A partir de ese momento, arrancará el proceso de licitación y con ello iniciar un nuevo plazo, el de la fase de las obras, donde las empresas comenzarán a adquirir los terrenos para la construcción del futuro parque científico. “Cuando vea la luz, podremos estar todos de enhorabuena y sobre todo la ciudad de Cuenca”, concluye e presidente de la Diputación, quien no ha entrado a valorar las correcciones ambientales del proyecto.