de la cuasi petición de perdón del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a la declaración del de Cultura, Ernest Urtasun, todo parece indicar que no se debe de tener miedo al uso de palabras como perdón, que en el Gobierno español comienza a abrirse paso la posibilidad de pedir algún tipo de disculpas al de México por la conquista. No sabemos si en nombre de España, del Estado o de los descendientes de los conquistadores, en este caso con la duda de si sólo los de nacionalidad española o también los mexicanos. El objetivo, para el que se ha diseñado además una agresiva diplomacia cultural (incluida la lluvia de premios, merecidos o no, a personas e instituciones mexicanas), no parece ser tanto la satisfacción de las pulsiones decoloniales de algunos de los miembros del Ejecutivo español como el de intentar recomponer las relaciones entre ambos países, un tanto averiadas desde que el anterior presidente de méxicano, Andrés Manuel López Obrador, decidiera, como respuesta a la no respuesta española de su petición de perdón, ponerlas en «pausa». Novedosa figura esta del derecho internacional, que ni él ni su sucesora, Claudia Sheinbaum, han creído necesario definir y ni si sigue o no vigente. Es posible que por sus nulas consecuencias prácticas. Las relaciones entre las sociedades no son sólo las de sus gobiernos y las de México y España (desde las económicas a las culturales) están posiblemente en uno de los mejores momentos de su historia. Sin que hayan logrado afectarlas ni las continuas soflamas antiespañolas de López Obrador, España fue el país más citado en sus «mañaneras» casi siempre de manera negativa cuando no directamente insultante; ni los desplantes de Sheinbaum, incluida su despectiva respuesta, algo así como «está bien pero que pidan perdón», a la concesión del premio Princesa de Asturias al Museo Nacional de Antropología e Historia o la no invitación al jefe del Estado español para su toma de posesión, un desplante diplomático en toda regla del que el Gobierno español decidió no darse por enterado. La transcendencia de esta hipotética petición de disculpas va mucho más allá de un desencuentro diplomático. Implica repercusiones que sería necesario sopesar con extremo cuidado, desde al menos tres puntos de vista: uno teórico, sobre la responsabilidad de las sociedades actuales respecto a los hechos del pasado; otro práctico, el de las repercusiones, o no, de una petición de perdón en la mejora de las relaciones bilaterales; y un tercero, a medio camino entre la reflexión teórica y la aplicación práctica, sobre la distinción, necesaria, entre las políticas de Estado y las políticas de gobierno. El teórico tiene que ver con reconocimiento de las víctimas y de la compensación a la que ellas y sus herederos tendrían derecho. Un asunto al que las teorías decoloniales han puesto en el primer plano de la agenda política y que en México ha encontrado el terreno fértil de un relato de nación en el que el Estado-nación mexicano se imagina heredero y continuador del destruido por los conquistadores y en el que, como consecuencia, los mexicanos actuales son las víctimas y los españoles los verdugos. Una especie de decolonialidad 'avant la lettre', que se remonta al momento de la independencia, con las élites criollas, descendientes biológicos y culturales de los conquistadores, reivindicaron su condición de descendientes de los conquistados. Un imaginario de víctimas sobrevenidas, en gran parte absurdo, tan descendientes de los conquistadores, desde un punto de vista biológico como sobre todo del cultural, eran los que lucharon por la independencia como los que se opusieron a ella, pero que es la base última de esta petición de disculpas, en gran parte imposible. Sólo puede pedir disculpas quien tiene capacidad moral para hacerlo y ni el actual Estado español ni los españoles contemporáneos pueden hablar en nombre de un Estado, la Monarquía Católica, y de unos súbditos del Rey católico, los conquistadores, de los que son tan herederos, o tan poco, como el actual Estado mexicano y los mexicanos actuales. En realidad, y al margen de disquisiciones genealógica, menos ya que sin la Conquista ni México ni los mexicanos existiría tal como hoy los conocemos: la imposibilidad ontológica de que alguien pueda pedir perdón por unos hechos sin los que él no existiría. El segundo, subyacente en la mayoría de los argumentos de los defensores de la voluntad contemporizadora del Gobierno español, tiene que ver con las supuestas ventajas de una eventual reconciliación, desde las económicas a las geopolíticas. Argumentos razonables desde el punto de vista de la 'realpolitik', los Estados no tienen amigos sólo intereses, pero que ignora el componente interno de un conflicto, que, visto desde el lado mexicano, no es tanto con España como con el pasado español de México. Más exactamente con la forma como ese pasado se incluye en un relato de nación, el liberal/indigenista, de marcado carácter hispanófobo, con España, lo español y los españoles como los responsables de la muerte y destrucción de México; enfrentado a otro, el conservador/hispanista, de marcado carácter hispanófilo, con España, lo español y los españoles como la parte más intima de su ser nacional. Un conflicto interno, como todos los que tienen que ver con la identidad, con una gran capacidad de polarización y que, como consecuencia, tiende a agudizarse en momentos de radicalización política y atenuarse en los de consenso: no ha habido en los dos siglos de existencia del Estado nación mexicano momentos de cuestionamiento del orden político que no hayan ido acompañados de un aumento de la conflictividad en las relaciones con España, lo español y los españoles. Una eventual petición de perdón por parte del Gobierno español no sólo no solucionaría la hipanofobia de Morena (el partido de López Obrador y de Sheinbaum) sino que posiblemente la agudizaría: una prueba más de que tenemos razón. El tercero, tiene que ver con el hecho de que una medida de este tipo, de un calado político-ideológico que afecta a la propia definición de España y México como comunidades nacionales, no puede plantearse como una disposición administrativa sino como parte de una política de Estado. Exige un consenso social, que es posible sí se de en el caso mexicano, tanto López Obrador como Sheinbaum ganaron las elecciones con amplias mayorías, aunque ni uno ni otra incluyeran en sus programas electorales la petición de disculpas a España. No es el caso español, donde no sólo el Gobierno no cuenta con una mayoría parlamentaria estable sino que uno de los principios de algunos de los partidos que permitieron su formación es la negativa a considerarse parte de España, lo que suponemos incluye el que tampoco tengan nada que decir respecto a las responsabilidades históricas de una nación de la que dicen no formar parte.
