La jueza reabre la causa penal por el proyecto turístico Cuna del Alma

La justicia ha reabierto la causa penal por el polémico proyecto turístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), al estimar los recursos de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre, contra el auto de archivo emitido hace poco más de un mes.

La misma magistrada del Juzgado de Instancia Número 1 de Arona que dio carpetazo inicial a la trama, Sandra Peraza, la ha reabierto ahora reclamando punto por punto lo que pedía la Fiscalía: el expediente completo de las obras que la promotora está levantando en la franja de protección de la costa y una “pericial independiente” de las mismas para analizar si cumplen con la normativa.

El auto rechaza de momento la paralización cautelar de la iniciativa, que prevé levantar más de 3.600 camas turísticas en una de las últimas zonas libres de cemento en el sur de Tenerife, porque las obras constan de las “oportunas resoluciones administrativas” y no incurren en los “presupuestos legales necesarios” a criterio de la jueza. Pero abre la puerta a hacerlo “una vez que se obtenga el resultado de las nuevas diligencias”.

El Ministerio Fiscal también ha indicado que de momento no se cuenta con la documentación necesaria que “permita su adopción, (…) sin perjuicio de lo que pudiera resultar una vez practicadas” las nuevas investigaciones.

Pese a que la querella está dirigida contra todo el proyecto por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otras cosas, la principal cuestión controversial por la que se archivó primero la causa y se ha reabierto ahora son las obras que Cuna del Alma está ejecutando en la zona de servidumbre de protección de la costa, que representan una pequeña parte del total de la actuación.

La magistrada justificó el sobreseimiento de la trama en que las obras habían sido autorizadas por la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. La promotora pretende construir en la franja de protección de la costa una piscina descubierta, un restaurante y un parquin para buggies como parte de la futura urbanización de lujo.

Pero en su recurso, la Fiscalía recordó que los usos en la zona de servidumbre están muy restringidos por la normativa. La ley estatal de costas establece que en ella solo pueden levantarse “obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre”.

Y el Ministerio Público sostiene que defender que ambas instalaciones no pueden tener otra ubicación, o que prestan sus servicios al uso del dominio público, “se nos antoja difícil, al menos sin contar con el contenido del referido expediente”.

El Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), ha permitido las obras en ese espacio porque le vienen bien al turismo, adelantó Canarias Ahora. Existe un informe técnico interno que considera, sin embargo, que no tienen cabida.

“El carpetazo que pretendían no les ha dado resultado, el procedimiento continúa y entra ahora en una fase clave. La reapertura del caso acredita lo que ya dijimos en su momento: que existían razones sobradas para investigar, en uno de los casos de corrupción medioambiental y urbanística más graves de España”, señala la acusación en un comunicado.

El expediente solicitado por la jueza, al que ha tenido acceso este periódico, también incorpora un informe de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que alerta de la falta de información para evaluar de manera “adecuada” el impacto de Cuna del Alma.

Ese escrito recuerda que justo delante del proyecto se encuentra un espacio protegido de la Red Natura 2000, la zona especial de conservación (ZEC) ‘Franja Marina Teno-Rasca’. Y que no se ha generado la documentación “suficiente” para poder descartar o no la afección de la iniciativa sobre el medio ambiente.

El MITECO pidió en diciembre de 2024 más estudios, tanto de las actuaciones en la franja de protección del litoral como en su conjunto. No figura en el expediente ninguna respuesta.