Asfixia universitaria
Al tiempo que el mundo está entrando en una etapa que podría denominarse la geopolítica de las tecnologías de punta, será de fundamental importancia para los gobiernos aumentar la inversión en educación superior, si no quieren que sus países se queden a la zaga en la gran revolución industrial en marcha.
Desgraciadamente, esa visión no es compartida por el régimen gobernante en México. Así lo expone el contenido de una reciente carta enviada por ANUIES a la presidenta Claudia Sheinbaum, publicada en varios medios de comunicación, donde se le muestra un desasosiego entendible ante el hecho de un aumento presupuestal incipiente de solo el 1.73 por ciento para las universidades estatales y del 3.00 por ciento para las federales, lo cual es manifiestamente inferior a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 3.5 por ciento y al deflactor del PIB del 4.8 por ciento, para este año.
Las consecuencias de esto son enormes: el deterioro presupuestal que las universidades públicas están experimentando amenaza la viabilidad financiera de las instituciones y limita el cumplimiento de su misión educativa, investigativa y de extensión de la cultura.
Es tentador llamar irracional al paquete presupuestal para la educación superior, ya que existe una desconexión entre el discurso oficial de apoyo a la educación y la realidad económica que enfrentan las casas de estudio. Pero quizás estemos ante un tipo de racionalidad que busca reemplazar un tipo de educación por otro. De acuerdo con el plan educativo sexenal, se piensan construir nuevas “Universidades” para el Bienestar Benito Juárez, bajo un modelo caracterizado por la opacidad financiera, la falta de verificación y estándares, la insuficiencia de la infraestructura y estructura física, la precariedad académica y, sobre todo, la aparente suposición de que la excelencia y la calidad carecen de relevancia. Si ese es el futuro que se construye para la educación superior pública nacional, a nadie deberá sorprender que nuestro país se rezague aún más en su capital intelectual para enfrentar los retos del presente y el futuro global.
Como egresado de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) —una de las instituciones signatarias del documento de ANUIES— y como expresidente de su patronato, puedo afirmar sin temor a equivocarme que la educación pública de excelencia ha impactado en forma transformadora la vida de decenas de miles de egresados. Soy testigo de que la gran mayoría de las universidades públicas ejercen con atingencia y responsabilidad el presupuesto federal asignado, los recursos estatales concurrentes y que han hecho grandes progresos en la generación de recursos propios a través de la investigación aplicada, los servicios a otras instituciones públicas y empresas, e incluso desarrollando modelos de filantropía exitosos.
Habiendo dicho esto, no ignoro que el sistema nacional de universidades públicas necesita repensar sus paradigmas educativos para poder hacer frente con la mayor eficiencia a los titánicos desafíos que plantea la cuarta revolución industrial ya en marcha. Pero obviamente esto no puede realizarse de manera efectiva a partir de la precariedad presupuestaria impuesta por el Estado.
La educación superior es tan importante que habría que pensar seriamente en trasladar recursos de otros proyectos públicos a ese rubro. Sin un financiamiento público suficiente, no se podrán alcanzar las metas de cobertura del 55% para el año 2030 planteadas por la actual administración. Francamente, resulta paradójico que sea el gobierno encabezado por alguien que alcanzó cierta notoriedad como líder universitaria pidiendo aumento presupuestal al gobierno, y que desarrolló una carrera como académica destacada, el que ahora le niegue al sistema de educación superior los recursos que requiere la tarea educativa nacional. No es habitual que los rectores agrupados en la ANUIES hagan un llamado público de auxilio financiero, pero varios de ellos me han compartido la gravedad del riesgo sistémico que enfrentan las universidades.
Lo que nadie debería poner en disputa es el hecho de que una educación superior de excelencia debe ser un derecho humano efectivo de toda persona mexicana, y que, actualmente, se le niega esta oportunidad a cerca de medio millón de personas cada año debido a la falta de inversión institucional.
No existe ningún medio que sea más eficiente para lograr la competitividad global de la economía de una nación, para detonar el desarrollo inclusivo en un país y, especialmente, para abrir caminos francos al ascenso social y la disminución de la desigualdad, que la educación superior pública de excelencia.
El objetivo es tan noble y la ruta tan clara, que ninguna fuerza o actor político o social debería escatimar el apoyo a la educación pública superior.