Los aranceles de Trump siguen en la tablita
La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos volvió a dejar el tema en suspenso.
Esta semana decidió no resolver todavía el caso que definirá si el presidente Donald Trump puede imponer aranceles de amplio alcance amparándose en la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).
La posposición no es un mero trámite procesal: implica que, mientras los ministros deliberan, la economía global sigue operando bajo un esquema de gravámenes que podría desaparecer de manera abrupta.
Las cifras ayudan a dimensionar la relevancia del litigio. Diversas estimaciones indican que la recaudación asociada a los aranceles impuestos con base en esa legislación habría alcanzado en 2025 entre 130 mil y 160 mil millones de dólares, una magnitud equivalente más o menos a la mitad o un poco más de los ingresos aduaneros totales de Estados Unidos. No se trata, por tanto, de un asunto marginal.
El expediente que deben resolver los nueve jueces que componen la Corte es políticamente explosivo porque, en el fondo, no se discuten solo aranceles, sino los límites del poder presidencial.
Trump justificó las tarifas como respuesta a “emergencias nacionales” asociadas tanto a los déficits comerciales como al tráfico de drogas, en particular fentanilo. A partir de ahí construyó dos carriles: los llamados aranceles recíprocos de alcance general y, por otro lado, tarifas específicas vinculadas a China, Canadá y México bajo la lógica del combate al narcotráfico. Esa arquitectura es clave, porque permite a la Corte, si así lo decide, hacer distinciones y no un pronunciamiento absoluto.
En este contexto debe leerse la presión que Trump ejerció esta semana a través de redes sociales. Su advertencia fue clara: si la Corte invalida los aranceles, el resultado sería un caos económico y fiscal derivado de devoluciones masivas. El mensaje busca desplazar el debate central, que es si el Ejecutivo tiene o no atribuciones legales suficientes, hacia un terreno más pragmático: si el costo de corregir sería mayor que el de mantener una medida posiblemente ilegal. No es una táctica nueva en Trump, sino parte de un patrón de presión política sobre las instituciones.
La Corte ya escuchó los argumentos de las dos partes el 5 de noviembre de 2025 y, de acuerdo con los intercambios registrados en esa sesión, varios ministros, tanto conservadores como liberales, mostraron escepticismo ante la idea de que la IEEPA, concebida para enfrentar amenazas extraordinarias del exterior, autorice al presidente a rediseñar de manera unilateral el régimen arancelario. El problema detectado es el de una delegación excesivamente amplia, un verdadero cheque en blanco.
De ahí se desprenden tres escenarios principales.
El primero es que la Corte determine que la IEEPA no confiere la autoridad específica para imponer estos aranceles, lo que en los hechos implicaría su suspensión, al menos parcial. El capítulo siguiente sería complejo: la batalla por las devoluciones. Una porción significativa de las entradas aduaneras sujetas a estos gravámenes sigue sin liquidarse, lo que abriría la puerta a reembolsos relativamente directos. Para los aranceles ya pagados, el camino sería más litigioso y probablemente fragmentado.
Un segundo escenario es un fallo quirúrgico. La Corte podría ser más estricta con los aranceles “recíprocos” basados en el déficit comercial y aplicar un estándar distinto a los vinculados al narcotráfico. Esta salida reduciría el impacto sistémico y enviaría un mensaje de límites al Ejecutivo. Para México, sin embargo, no sería una buena noticia: un arancel de 25 por ciento sobre ciertos productos fuera del T-MEC seguiría afectando su competitividad frente a otros socios comerciales.
El tercer escenario es el que Trump busca: una validación amplia del uso de la IEEPA. El precedente sería profundo. Implicaría que, bajo la etiqueta de emergencia, el Ejecutivo puede incidir en un terreno que la Constitución reserva al Congreso. Las consecuencias no serían solo comerciales, sino institucionales y financieras, porque los mercados tienden a penalizar a los países donde las reglas pueden cambiar por decreto.
Aun si la Corte limita a Trump, este no se quedaría sin herramientas. Existen otros carriles legales en la política comercial estadounidense, aunque más lentos y procedimentales, e incluso la posibilidad de una intervención legislativa para regularizar o sustituir parte de lo hecho.
Lo que resuelva la Corte estadounidense no solo afectará a su economía, sino al sistema comercial internacional.
Quizá por eso los jueces se están tomando su tiempo.