Carlincatura del martes 13 de enero de 2026
La violencia vinculada al transporte urbano ocupa hoy un lugar central en la agenda pública. El Ministerio Público reporta que, en el 2025, los atentados contra este sector dejaron más de 134 víctimas, entre ellas 73 personas fallecidas y 61 heridas.
Al respecto, las medidas adoptadas por el Gobierno se han limitado a mantener estados de emergencias. El resultado que hoy se cosecha es tan solo la expansión del crimen organizado.
El transporte urbano constituye un actor permanente del régimen político. A lo largo de los últimos dos gobiernos sostenidos por el pacto parlamentario autoritario, un grupo de ese sector ha formado parte de ese arreglo de gobernabilidad. A pesar del amplio esfuerzo de muchos ciudadanos para salir a las calles y protestar, algunos dirigentes han optado por negociar el levantamiento de la medida de fuerza sin explicar a su gremio y a la ciudadanía solidaria el contenido del mismo.
Este vínculo explica su peso político. Los gremios de transporte, casi en su totalidad informales, concentran capacidad de presión a través de paros. Esa capacidad ha operado como instrumento de negociación frente a la inoperancia gubernamental. De esa manera, la informalidad ha funcionado como variable que dificulta la transparencia.
La actual expansión de la extorsión y los atentados se desarrolla sobre un sistema previamente configurado por la ausencia de control estatal. En ese entorno, el crimen organizado encuentra espacios de inserción, así como de estructuras de protección, incluso vinculadas al aparato policial. En ese sentido, la violencia aparece como parte de una disputa por rentas y control territorial.
La respuesta estatal se ha concentrado en dispositivos de seguridad y presencia policial, sobre todo en los distritos con mayor renta media, sin un plan conocido de inteligencia para desbaratar las bandas que siguen asesinando a personas que solo quieren trabajar. El debate público gira en torno a operativos con presencia innecesaria del presidente José Jerí y anuncios de corto plazo. En paralelo, permanecen pendientes decisiones sobre la no derogatoria de las leyes procrimen, el modelo de transporte, y la estructura empresarial del sector.
El transporte urbano cumple una función fundamental en la organización de la vida de la urbe y, por ende, es indicativo de estabilidad. Este escenario, por tanto, convoca a la agencia ciudadana. Cambiar el rumbo de un país sin conducción requiere organización y vigilancia constante del poder.