Alianza por la legalidad del gasto en Sonora

Desde el inicio de mi gestión he sostenido una convicción clara: la transparencia y la legalidad en el uso de los recursos públicos no son opcionales, son un deber ético y político.

Bajo esa premisa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido fundamental para fortalecer la rendición de cuentas en las entidades federativas.

A lo largo de mi administración hemos mantenido reuniones de trabajo frecuentes con los diferentes estados con el objetivo de coordinar esfuerzos en la revisión y correcta aplicación del presupuesto estatal.

Estas reuniones no han sido actos protocolarios, sino espacios de diálogo técnico y cooperación institucional orientados a garantizar que cada peso del erario se ejerza conforme a la ley.

Siempre he encontrado en el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, un aliado comprometido con una visión moderna de la fiscalización.

Su postura ha sido clara y coincidente con la nuestra: la auditoría no debe entenderse como un mecanismo punitivo, sino como una herramienta de apoyo para mejorar la gestión pública.

Lo cual expresé con claridad en julio de 2023, durante la apertura de las “Auditorías Colmena” en el estado de Sonora, al señalar: “No vengo a buscar, sino a apoyar”. Esa frase sintetiza el espíritu de nuestra colaboración.

Actualmente, en Sonora se encuentran en desarrollo seis auditorías al gasto federalizado ejercido por el gobierno del estado, de un total de diecisiete auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2024.

Es importante subrayar que los recursos de origen federal tienen una relevancia particular en esa entidad.

En el caso del gobierno sonorense, estos recursos representan más del 70 por ciento de su presupuesto. Mientras que, en el ámbito municipal, el promedio de dependencia de fondos federales alcanza hasta el 100 por ciento. Es decir, los recursos que les provee la Federación conforman la totalidad de su presupuesto.

Estas cifras reflejan la importancia de ejercerlos con el mayor cuidado, responsabilidad y apego a la normatividad, pues de su correcta aplicación depende, en gran medida, la prestación de servicios públicos y el desarrollo local.

Por eso, desde la Auditoría Superior de la Federación, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a los gobiernos locales para que cumplan con sus tareas administrativas y financieras, proporcionando a los organismos supervisados las herramientas que necesitan para usar correctamente los recursos públicos.

Estoy convencido de que la capacitación es una de las mejores herramientas para prevenir irregularidades y fortalecer las capacidades institucionales.

Desde que comenzamos a trabajar, mi experiencia con el gobierno de Oaxaca, encabezado por Heladio Ramírez López, fue clave cuando se creó la Ley de Usos y Costumbres. Recordemos a Armando Labra y a Gustavo Esteva, quienes hicieron posible esta ley única en el país.

En la Secretaría de Hacienda, fui el conductor de la última Convención Nacional Hacendaria, un hito en respuesta a las recomendaciones del Banco Mundial sobre las reformas a nuestra ley, que no acepté y acordamos con las entidades federativas.

En suma, desde nuestros respectivos ámbitos, hemos construido una relación de colaboración y respeto institucional que ha permitido avanzar en una fiscalización más eficiente, preventiva y cercana.

Estoy convencido de que este trabajo conjunto seguirá dando resultados positivos para Sonora y para México.